El reciente aumento de sueldo para la presidenta Dina Boluarte, que a partir de julio pasará de percibir S/ 16.000 a S/ 35.568 mensuales, desató una controversia inesperada. Más allá del impacto de la suma, su justificación oficial —que el incremento era consecuencia obligatoria de la transición del Despacho Presidencial al régimen Servir— fue desmentida por especialistas, exfuncionarios y la propia gerenta de la Autoridad Nacional del Servicio Civil.
El Ejecutivo aprobó este aumento a través de un decreto supremo, lo que motivó que Boluarte señalara: “Nosotros, como Despacho Presidencial, estamos cumpliendo con Servir, nadie está al margen de la ley”. La frase transmitía la idea de una obligatoriedad ineludible, como si ninguna alternativa estuviera sobre la mesa. Sin embargo, la evidencia muestra que la decisión fue política y que la supuesta obligatoriedad carece de sustento.
La gerenta de Servir, Mariella Herrera, mencionó que si bien se impulsó la transición obligatoria de las entidades al régimen del servicio civil, desmintió cualquier imposición sobre el monto. “No corresponde que Servir se pronuncie sobre el monto y no corresponde que Servir ponga un monto”, aseguró en declaraciones a RPP. Explicó que los lineamientos de la Ley de Servicio Civil establecen con claridad que el ente encargado de determinar el salario presidencial, en este proceso de adecuación, es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junto con el Consejo de Ministros.
“En el cuadro de puestos de la entidad no se determina el monto de los funcionarios. Esto es una competencia y excluyente del Ministerio de Economía y Finanzas”, subrayó. Así, queda claro que Servir no tiene ni la prerrogativa ni la responsabilidad sobre el monto final que percibe el jefe del Estado.
En la misma línea, el presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, sostuvo en Canal N que la entidad “no realizó ningún estudio para determinar el nuevo sueldo de la mandataria”. Argumentó que la institución puede intervenir en la estructura de puestos, pero el monto que recibe el presidente de la República es deliberación exclusiva del MEF.
“La competencia en cuanto a compensaciones económicas y la evaluación de las mismas es exclusiva y excluyente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). [...] Con respecto a la remuneración de la presidenta, Servir no ha determinado nada, porque no nos corresponde, no es de nuestra competencia”, afirmó.
Prueba de ello es que, si bien la mandataria menciona que la Ley Servir está vigente desde el 2013, desde entonces es la única beneficiada con un sueldo de más de S/ 35 mil. Durante el gobierno de Ollanta Humala, pese a haberse duplicado el de los ministros tras la promulgación de la norma en mención, se decidió mantener el sueldo del presidente.
Esta práctica se mantuvo durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Francisco Sagasti. En todos esos periodos se descartaron iniciativas para subir la remuneración del presidente de la República, desmintiendo así la narrativa de Boluarte acerca de una supuesta imposibilidad.
En ese sentido, Herrera precisó que los anteriores mandatarios no accedieron a un aumento no porque la ley lo prohibiera, sino porque “no estaban dadas las condiciones y desde el Poder Ejecutivo no se habían presentado los cuadros de puestos para su ordenamiento en la norma”. Es decir, aunque el Ejecutivo se aferra al argumento de “cumplimiento legal”, lo que hizo fue aprovechar una habilitación legal para aumentar el sueldo según sus consideraciones.