El aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/35.568 mensuales, formalizado a través de una publicación en el diario oficial El Peruano, no es el único beneficio presidencial. Al incremento remunerativo de 122% respecto a los S/15.600 que recibía hasta junio se suma la existencia de una tarjeta electrónica de consumo, con S/5.000 mensuales destinados para la alimentación de la presidenta y su familia en la residencia oficial de Palacio de Gobierno.
Punto Final accedió al expediente completo de contratación pública, revelando que el despacho presidencial recurrió a una “Adjudicación Simplificada” para adquirir el servicio a través de la empresa Pluxee Perú SAC, anteriormente conocida como Sodexo. La tarjeta, utilizada como medio de pago en supermercados, restaurantes, cafés y diversos comercios, permite compras en una amplia variedad de rubros: abarrotes, frutas, verduras, carnes, pescados, productos lácteos, panadería, bebidas y alimentos preparados.
El documento oficial autoriza una recarga mensual de S/5.000, sin límite de gasto diario ni restricciones para solicitar recargas adicionales, siempre que se justifique vía correo institucional. No permite retiros en efectivo, pero, de agotarse el saldo, la dependencia puede gestionar una nueva carga de fondos.
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Desde la administración, Palacio rechazó informar el detalle de consumos efectuados con la tarjeta, argumentando razones de seguridad que, según el gobierno, buscan evitar riesgos para la integridad de la presidenta y su entorno. La oficina de transparencia aclaró que brindar la lista de compras o los lugares de consumo podría exponer patrones o rutinas que significarían, a su criterio, un riesgo susceptible de ser aprovechado por organizaciones delictivas o terroristas para organizar un ataque.
La medida, calificada como confidencial en las propias bases de contratación, obliga al proveedor del producto a mantener absoluta reserva sobre movimientos, consumos y cualquier información resultante del uso de la tarjeta. Consultados para el informe, dos expresidentes negaron haber disfrutado de una facilidad similar. Francisco Sagasti confirmó que no hubo tal beneficio durante su mandato, mientras Martin Vizcarra afirmó nunca haber utilizado una tarjeta de consumo para gastos de alimentación personal. Estudios del sistema de contratación pública corroboran esta versión y señalan que la compra de la tarjeta presidencial había quedado suspendida desde 2018, siendo restablecida únicamente en la gestión de Dina Boluarte.
Expertos en la administración pública, como el exsecretario general de Palacio de Gobierno, José Elice, señalan que la oficina de administración tradicionalmente cubre los gastos de alimentación del recinto, sin necesidad de emplear un mecanismo adicional o exclusivo para la presidenta y su familia. La reactivación de este beneficio, que suma S/60.000 al año en recargas, ha sido renovada nuevamente en marzo de 2024. A la fecha, Palacio no aclara las razones tras el retorno de la tarjeta ni la justificación de su uso frecuente.
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La controversia, alimentada por el reciente aumento de sueldo, se produce en un contexto de fuerte desaprobación: la presidenta continúa bajo el escrutinio público por temas vinculados a viajes, relojes de alto valor y cirugías cuestionadas, a los que ahora se suma un beneficio poco transparente con fondos públicos. En el Congreso, ya existen ocho proyectos de ley destinados a revertir el incremento salarial presidencial.
“No puede ir al mercado a comprar”
Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista Jorge Montoya, quien defendió la medida, argumentando que “un presidente no va al mercado a comprar”.
“Si quieres una respuesta populista te diría que no, que es lo más fácil, pero estaría yendo contra la realidad. O sea, un presidente no camina por la calle, no tiene libertad de movimiento, tiene que ser atendido”, mencionó en diálogo con el programa Nacional Noticias.
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Respuesta de Palacio
El Despacho Presidencial confirmó la tarjeta de alimentos, pero aclaró que corresponde de forma exclusiva al personal administrativo asignado para esta tarea, siendo el encargado de ejecutar las adquisiciones necesarias.
Agregaron que todos los procesos de adquisición y gasto del Despacho Presidencial se desarrollan bajo criterios de diligencia y están sujetos a supervisión de la Contraloría General de la República. Además, resalta que la entidad es auditada anualmente por una sociedad de auditoría contratada por la Contraloría, y que no se registraron observaciones sobre el uso de recursos asignados al presupuesto institucional en los años 2023 y 2024.
¿Dina Boluarte pudo negarse al aumento de sueldo?
El reciente debate sobre el incremento de la remuneración presidencial de Dina Boluarte ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de rechazar dicho aumento. La gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), Magali Pacheco, explicó que el monto aumentado corresponde exclusivamente al Ministerio de Economía y confirmó que no existía ningún tipo de sanción si negaba a modificar su salario.
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Francisco Sagasti, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczysnki, Martín Vizcarra y hasta el propio Pedro Castillo fueron los mandatarios que, durante la vigencia de la Ley Servir, se negaron a ejecutar el incremento de su sueldo.