Hace apenas unos días, el Gobierno del Perú publicó el decreto que incrementa casi en S/20 mil el sueldo de la presidenta Dina Boluarte, elevándolo de S/16,000 a S/35,568 mensuales. El argumento es “equiparar” su remuneración a la de otros mandatarios de la región. Pero mientras la cifra se oficializa sobre el papel, el país vive una realidad dramáticamente opuesta: somos el país con la mayor inseguridad alimentaria de Sudamérica y afrontamos una serie de problemas sociales y económicos que siguen sin resolverse.
La indignación ciudadana no es exagerada. Según datos de la FAO, más de 17 millones de peruanos viven en inseguridad alimentaria moderada o grave. En paralelo, la canasta básica y la canasta de consumo siguen subiendo de precio, lo que convierte en un verdadero desafío diario cubrir siquiera las necesidades alimentarias mínimas en muchos hogares. Mientras tanto, la pobreza extrema afecta al 5.5 % de la población, personas que sobreviven con menos de S/226 al mes. En ese contexto, el incremento salarial de la presidenta no solo es políticamente inoportuno, sino una señal peligrosa de desconexión con la ciudadanía.
La gestión actual no goza de respaldo popular: Dina Boluarte ostenta una aprobación que apenas bordea el 2 % en distintas encuestas. En redes sociales, el descontento se multiplica en miles de comentarios que califican el aumento como un acto de cinismo y privilegio, más aun viniendo de quien, meses atrás, aseguraba que una familia podía cocinar con apenas S/10 al día. Esa frase, lejos de olvidarse, quedó grabada como símbolo de un gobierno que no comprende la magnitud del hambre y la precariedad que se vive en el Perú.
PUBLICIDAD
No se trata solo de comparar cifras con otros países. Un presidente puede ganar más o menos que sus pares en la región, pero cualquier reajuste salarial debe mirarse desde la realidad social que enfrenta su nación. Hoy, Perú no está en condiciones de priorizar incrementos de sueldos a las más altas autoridades cuando existen urgencias mucho más inmediatas. Hay programas alimentarios con presupuestos insuficientes, ollas comunes que sostienen a miles de familias con apenas 2 soles por ración, y comunidades enteras que carecen de servicios básicos. Mientras tanto, problemas como la desnutrición y la anemia infantil siguen siendo cifras que incrementan y que condicionan el futuro del país.
Aumentar el sueldo presidencial en medio de esta situación es un mensaje devastador para la ciudadanía. No solo porque resulta profundamente insensible, sino porque revela un gobierno completamente desconectado de su ciudadanía. La indignación no nace únicamente del monto, sino de lo que significa políticamente: un acto que privilegia a quien está al mando mientras el resto de la población sigue contando soles para alimentarse o para comprar medicamentos.
La política no puede seguir girando en torno a posibles intereses particulares, menos aún en un país que lucha cada día contra el hambre, la inseguridad y la pobreza extrema. Si de verdad se quería corregir un tabulador salarial desactualizado, el Ejecutivo debió tener la responsabilidad política y ética de suspender ese incremento hasta que el país recupere estabilidad. Los recursos que ahora se destinarán a engrosar el salario presidencial habrían estado mejor invertidos en reforzar los programas sociales, en garantizar la alimentación escolar, en asegurar agua potable o en financiar medidas que permitan frenar la escalada de precios de los alimentos.
PUBLICIDAD
Un país con hambre no puede aceptar que su presidenta gane más de S/35,000 mensuales, sobre todo cuando esa misma autoridad no ha logrado revertir los índices de pobreza ni mejorar significativamente la calidad de vida de los ciudadanos. Un aumento salarial en este contexto no es solo una medida impopular, es una afrenta a la dignidad de millones de peruanos que hoy se ven obligados a reducir raciones, sacrificar proteínas o dejar de consumir frutas y verduras por falta de dinero.
No es momento para premiarse a sí mismos. Es momento de prioridades claras, de decisiones coherentes con la emergencia social y económica que vive el país. Y este aumento, lejos de ser una prioridad, es la prueba más contundente de que el gobierno ha perdido la brújula de la realidad nacional.