El exgerente municipal José Miguel Castro, colaborador eficaz y testigo principal del juicio seguido contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), por los supuestos aportes irregulares de Odebrecht y OAS, “al parecer se habría suicidado”, según un acta de intervención de la Policía Nacional (PNP).
El documento, difundido por el portal de investigación Epicentro TV y suscrito por tres agentes de la Comisaría de Miraflores, detalla que los efectivos acudieron el último domingo a la residencia ubicada en la calle Madrid del distrito limeño, luego de una llamada de auxilio.
Allí se entrevistaron con el padre del fallecido, quien declaró haber visto por última vez a su hijo por la noche del sábado. Según su testimonio, el exgerente municipal se despidió con tranquilidad antes de dirigirse a su dormitorio.
A la mañana siguiente, alrededor de las 10:15 horas, su progenitor bajó al comedor y luego se dirigió a su oficina. Al pasar frente al baño contiguo, notó la puerta entreabierta. Al abrirla, encontró a su hijo tendido en el suelo, sin vida, con una herida en el cuello.
El personal policial encontró el cuerpo en posición de cúbito dorsal, con prendas impregnadas de sangre. En el lugar se hallaron dos armas blancas manchadas, una toalla verde a la altura del cuello y un celular en la entrada del baño. El acta también consigna que la chapa de la puerta “al parecer estaría manipulada”. La escena fue aislada por los agentes para preservar posibles indicios.
Castro era el principal testigo de este caso de corrupción en el que también estaba presuntamente implicado, y por el que el Ministerio Público pide 25 años de prisión en su contra. El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, señaló en Canal N que su muerte podría afectar el desarrollo del juicio, cuyo inicio estaba programado para el 23 de septiembre.
El fiscal anticorrupción relató que el exgerente municipal acudió la semana pasada a las oficinas del equipo Lava Jato, y más allá de estar algo preocupado por el inicio del juicio, no expresó preocupación por su seguridad.
Además, expuso que la norma penal permite utilizar las declaraciones escritas del ahora fallecido colaborador y señaló que esperan que estas supongan un “valioso aporte”, pues Castro era señalado por el Ministerio Público como el segundo a cargo de la presunta organización criminal que supuestamente lideraba Villarán.
El 5 de noviembre de 2024, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.
El caso está referido a una serie de hechos vinculados al presunto financiamiento ilícito de Odebrecht y OAS, a las campañas de revocatoria en 2013 y la reelección municipal de 2014. Entre las personas naturales están, además de Castro, los exfuncionarios municipales, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otras.
Mientras que entre las empresas están Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras. La Fiscalía pide 29 años de prisión para Villarán por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.
Deudas
En su último pódcast, el periodista César Hildebrandt mencionó que Castro “tenía un problema serísimo de deudas, al parecer impagables” y puso en duda la hipótesis de un crimen por encargo. “¿Qué sicario deja dos cuchillos en la escena?”, señaló.
Por su parte, la periodista Stefanie Medina informó que el exfuncionario acumulaba una deuda de S/998.511, según centrales de riesgo. En tanto, el alcalde Rafael López Aliaga declaró que, a su juicio, Castro fue “silenciado”.