El mundo enfrenta una triple crisis planetaria que ponen en riesgo a la humanidad: cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad cobran vidas cada año y reducen las posibilidades de desarrollo de la población. De acuerdo con Naciones Unidas, 4.2 millones de personas mueren anualmente como resultado de la polución de aire, mientras que el cambio climático podría reducir el valor de la economía mundial en 23 billones de dólares para 2050.
Perú no escapa a esta realidad mundial. La tragedia en Pataz, marcada por el colapso ambiental y social que ha cobrado vidas humanas, no es un hecho aislado. Es una expresión concreta y dolorosa que nos recuerda el valor de contar con instituciones sólidas, marcos regulatorios claros y una fiscalización efectiva que asegure el respeto por el ambiente y por las comunidades. Fortalecer el derecho ambiental en el país no solo contribuye a preservar nuestros ecosistemas, sino también a garantizar condiciones de vida seguras, equitativas y dignas para todos.
Casos similares en zonas como Madre de Dios, Loreto o Pasco evidencian que estos desafíos son estructurales. Solo en los últimos, la pérdida de bosques húmedos amazónicos en el país superó las 130 mil hectáreas, una problemática reconocida en la Política Nacional del Ambiente, la cual identifica como principal amenaza ambiental la degradación de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas. Por ello, es imprescindible avanzar en una gestión pública ambiental más articulada, con mayor capacidad técnica, recursos adecuados y espacios de participación efectiva.
Avanzar en esa dirección exige mucho más que buenas intenciones: requiere voluntad política, reformas institucionales y una visión clara de futuro. Consolidar un enfoque ambiental como eje transversal de las políticas públicas no solo es urgente, sino coherente con el mandato constitucional de promoción de usos sostenible de los recursos naturales (art. 67) y conservación de la diversidad biológica (art 68). Este compromiso debe traducirse en acciones efectivas que garanticen la protección de nuestros ecosistemas y la seguridad de quienes los habitan.
En este escenario, el derecho ambiental no debe limitarse a ser un complemento técnico. Debe consolidarse como un pilar clave para enfrentar la crisis climática, proteger los bienes comunes y garantizar justicia. América Latina y el Caribe genera aproximadamente el 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, lo que subraya la urgencia de fortalecer la gobernanza ambiental en la región. En este esfuerzo, la academia juega un papel fundamental: desde la generación de conocimiento riguroso hasta la formación de profesionales comprometidos con la sostenibilidad.
Por eso, resulta tan oportuno que este año Perú sea sede del 22° Coloquio Anual de la Academia de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), el evento más importante a nivel mundial para profesionales y académicos del derecho ambiental. Esta oportunidad representa un hito para impulsar el debate sobre temas urgentes como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el fortalecimiento de la articulación entre la academia, el Estado y la sociedad civil. Todo ello es fundamental para avanzar hacia marcos jurídicos más innovadores y eficaces.
Este compromiso se vuelve aún más relevante al enmarcarse en la Agenda 2030, a diez años de la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lejos de ser compromisos simbólicos, estos objetivos exigen una implementación efectiva, con mecanismos de seguimiento, indicadores claros y voluntad política. Alcanzar metas como el ODS 13 (Acción por el clima), el 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y el 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas) implica reconocer que la protección ambiental es un pilar esencial de cualquier Estado democrático.
En este camino, las experiencias de países vecinos como Colombia, Chile y Costa Rica, que han dado pasos importantes reconociendo derechos de la naturaleza, constitucionalizando el acceso al agua y consolidando políticas energéticas limpias, nos ofrecen ejemplos evidentes de que es posible avanzar. Estas iniciativas muestran que el desarrollo y la protección ambiental no son caminos opuestos, sino que requieren regulación firme, planificación justa y protección inteligente.
El Perú no puede permitir que se repitan las condiciones que llevaron a lo ocurrido en Pataz. La defensa del medio ambiente es, en esencia, una cuestión de derechos humanos, justicia intergeneracional y sostenibilidad social. Hoy, más que nunca, el derecho ambiental se consolida como una herramienta transformadora y estratégica para potenciar nuestra institucionalidad y asumir, con convicción, que la justicia ambiental es la base para lograr un desarrollo sostenible y un futuro próspero para todos.