La presidenta Dina Boluarte lidera a la delegación peruana que participa en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Océano. Desde Niza, Francia, la jefa de Estado indicó que el Perú suscribirá el llamado Tratado de Alta Mar “sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales”. De esta manera, el gobierno se sumará a las 83 naciones que desde septiembre de 2023 han respaldado el acuerdo.
Se trata del “primer marco cohesivo, internacional y jurídicamente vinculante para proteger específicamente la biodiversidad de alta mar, proporcionando un marco jurídico para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos marinos y el acceso a los mismos”. El texto refuerza la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y entrará en vigor 120 después que sea ratificada por 60 estados.
Aunque varios estados han firmado el acuerdo este solo ha sido ratificado por Antigua y Barbuda, Bangladesh, Barbados, Belice, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, Dominicana, Unión Europea, Finlandia, Francia, Hungría, Latvia, Malawi, Maldivas, Islas Marshall, Mauricio, Micronesia, Monaco, Noruega, Palau, Panamá, Portugal, Corea, Rumania, Seychelles, Singapur, Eslovenia, España, Santa Lucía y Timor Oriental.
“Nuestro Gobierno reafirma su más firme compromiso con la sostenibilidad del océano, con las generaciones futuras y el futuro mismo de la humanidad”, dijo la presidenta Boluarte para luego anunciar la firma del acuerdo. Recalcó que el Perú se suma así a un esfuerzo por establecer un marco jurídico multilateral.
El viaje de la jefa de Estado no solo ha llamado la atención por el tema de la conferencia, sino por la lista de personas que la acompañan y el dinero que el Estado ha de gastar para su traslado. S/149,000 harán falta para concretar el viaje de la presidenta con otros siete funcionarios.
Importante acuerdo
El Tratado de Alta Mar, conocido oficialmente como “Tratado sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales” (BBNJ, por su sigla en inglés), es un acuerdo internacional alcanzado en el seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2023. Su objetivo principal es garantizar la protección de la biodiversidad en áreas de los océanos que no están bajo la soberanía de ningún Estado, una región que representa aproximadamente dos tercios de la superficie marítima del planeta.
Las aguas conocidas como alta mar, localizadas más allá de las 200 millas náuticas de las costas nacionales, hasta ahora carecían de una regulación específica y efectiva en materia de conservación ambiental. El tratado busca cubrir este vacío legal estableciendo reglas y mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas, la regulación de actividades como la pesca, la minería submarina y la bioprospección genética, además de normas para compartir los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos.
Uno de los puntos centrales del tratado es la obligación de llevar a cabo evaluaciones de impacto ambiental antes de autorizar cualquier actividad potencialmente dañina en alta mar. El acuerdo también promueve la justicia y la equidad en el acceso y reparto de los beneficios, particularmente en lo referente a la exploración de recursos genéticos marinos, asegurando que los países en desarrollo también puedan beneficiarse de estos avances científicos y económicos.
Este acuerdo complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero se enfoca de manera exclusiva en la conservación de la biodiversidad. Para entrar en vigor, el tratado requiere la ratificación formal de al menos 60 Estados. Se considera un avance crucial para la gobernanza global de los océanos frente al deterioro provocado por el cambio climático, la sobrepesca y la contaminación.