Violencia de género en Pichari, distrito ubicado en la provincia cusqueña de La Convención. Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que Rudyard Fritz Calderón Tello, suboficial de la Policía Nacional del Perú, propina una golpiza a una mujer a las afueras de una discoteca. La mujer yacía en el suelo cuando el efectivo, vestido de polo blanco, la golpeó en repetidas ocasiones, pese a los intentos de otra persona de frenar el ataque.
El rostro del agresor quedó registrado de manera nítida en las grabaciones. Esa prueba fue suficiente para permitir que la policía lo identificara y capturara. Paradójicamente, Calderón estaba asignado a la Comisaría de la Familia del distrito de Pichari, una unidad diseñada para combatir la violencia de género.
La indignación se apoderó de los vecinos apenas se conocieron las imágenes. La ciudadanía ha reclamado una sanción ejemplar para el suboficial, demandando que el caso siente un precedente ante el repunte de los episodios de violencia contra la mujer en el país.
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Acciones legales contra el policía
La Defensoría del Pueblo intervino rápidamente. Wilber Cega, su representante en Ayacucho, informó que la entidad realizó las primeras acciones legales a través del Módulo de Atención Defensorial de Pichari. Sin embargo, la reacción estatal no ha resultado suficiente para llamar al orden al agresor.
“Lamentablemente, con el resultado de cinco días de descanso médico para la víctima, el hecho no constituye un delito, sino una falta. Así lo determina el parte del médico legista. Lo que corresponde ahora es que el Ministerio Público derive el caso a un Juez de Paz, quien evaluará las responsabilidades”, explicó Cega a Latina Noticias.
Por el momento, la dirección del Frente Policial del Vraem resolvió suspender temporalmente al suboficial mientras continúan las investigaciones. La aparente laxitud con la que se está abordando este caso ha despertado el malestar social en Pichari y más allá. Vecinos y organizaciones sociales insisten en la necesidad de reevaluar el incidente y aplicar una sanción proporcional a la gravedad de la agresión.
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La violencia que no cesa
Lo ocurrido en Pichari expone no solo la vulnerabilidad de las mujeres ante episodios violentos, sino también las profundas contradicciones dentro de la propia Policía Nacional. La Comisaría de la Familia, a la que pertenecía el agresor, fue creada precisamente para proteger, prevenir y perseguir casos de violencia doméstica y de género. En los últimos años, Perú ha registrado cifras alarmantes de violencia hacia la mujer.
Según las estadísticas del Programa Nacional Aurora, los Centros de Emergencia Mujer atendieron en 2021 un total de 140.833 casos de violencia, cifra que se mantuvo en torno a los 142.000 en los dos años posteriores. En enero de 2025, el número ya ascendía a 12.423 casos en pleno inicio del año. Estas cifras reflejan una tendencia persistente, en la que las formas más comunes de violencia sufrida han sido la psicológica y la física, casi siempre ejercidas por personas con las que las víctimas mantenían una relación de pareja.
Lima Metropolitana se mantiene como la región con mayor concentración de casos según el Sistema de Denuncias Policiales: entre enero y abril de 2024, sus distritos Santa María del Mar, Lima Cercado y San Bartolo lideraron los índices, con tasas que superan las 100 denuncias por cada diez mil habitantes.
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En la mayoría de estos casos, el nivel de riesgo se clasifica como moderado, lo que habitualmente conduce a medidas insuficientes para proteger a las víctimas o disuadir a los agresores. La situación se agrava cuando el agresor pertenece a la institución encargada de proteger a la ciudadanía.
La escena captada por la cámara de seguridad sirve tanto como prueba judicial; sin embargo, las organizaciones feministas advierten sobre el riesgo de impunidad y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las fuerzas del orden.