El caso de Javier Abel Cruz, jefe de la comunidad nativa Alto Yurinaki y líder del pueblo yanesha, estremeció a Perené y generó amplia preocupación regional tras el anuncio de su supuesto secuestro. Todo comenzó el viernes 30 de mayo, cuando su familia reportó su desaparición ante las autoridades. La noticia movilizó no solo a la comunidad, sino también a la Policía Nacional y a personal de serenazgo de diferentes distritos.
Cruz, conocido por su liderazgo y trabajo comunitario, había asistido esa jornada a una reunión de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec). Según la versión inicial, mientras retornaba a su vivienda fue interceptado en el puente Puerto Yurinaki, en Chanchamayo, por seis sujetos desconocidos que lo obligaron a subir a una camioneta. Horas más tarde, su esposa denunció que comenzó a recibir mensajes extorsivos desde el celular de Javier, exigiendo el pago de S/50 mil para su liberación. Los mensajes elevaron la alarma entre los familiares y los dirigentes indígenas.
La desaparición activó un intenso operativo de búsqueda que se extendió durante tres días y que involucró a las comunidades vecinas, fuerzas policiales y civiles voluntarios. El caso cobró aún más notoriedad cuando, en la tarde del lunes, Cruz fue hallado por el personal de Serenazgo de Huancayo deambulando en la Plaza de la Constitución. El jefe de operaciones de Serenazgo, Miguel Mallco Ramos, contó que el líder indígena “estaba pálido, temblando, asustado y totalmente desorientado. No sabía dónde estaba ni cómo había llegado hasta la ciudad”. El personal lo auxilió y lo trasladó a la comisaría central, donde confirmó su identidad ante los oficiales y quedó bajo resguardo.

A su llegada, Cruz repitió la versión que había sostenido en los audios remitidos a su familia: “Me estaban pidiendo S/50 mil. Han mandado un mensaje, mediante mi celular, para que puedan depositar plata para que me puedan liberar. Pero ellos saben que mi familia no tiene plata”, declaró ante los miembros del serenazgo. También dijo haber permanecido retenido “por los cerros de Huánuco” antes de ser abandonado en Huancayo por sus presuntos secuestradores.
Confesión ante la policía y el móvil familiar
La historia tomó un nuevo rumbo apenas horas después. Durante los primeros interrogatorios en la Divincri de Huancayo, el líder indígena terminó por admitir que nunca estuvo privado de su libertad y que la versión del secuestro respondía a una invención personal. Según el coronel Leo Mendoza, jefe de la Divincri Huancayo, Cruz confesó que fingió su rapto para solicitar S/50 mil a su propia comunidad, con el objetivo de solventar problemas económicos familiares derivados de enfermedades graves entre sus allegados.
El coronel explicó que el propio Javier Abel Cruz ideó el plan, viajó voluntariamente hasta Huancayo y esperaba allí que sus familiares o compatriotas le depositaran el dinero solicitado. La suma asignada para su liberación coincidía con el monto que, según punteó su esposa, había sido retirado por el propio Cruz hace pocos días con el supuesto fin de financiar proyectos comunales. La policía también encontró elementos que llamaron la atención: el supuesto secuestrado pedía que el dinero se depositara directamente a su cuenta.

Cabe señalar que, para denunciar un secuestro en Perú, la víctima o sus familiares deben acudir de inmediato a la comisaría más cercana o comunicarse al 105 de la Policía Nacional. Es fundamental proporcionar toda la información disponible sobre la víctima, el lugar de los hechos y posibles sospechosos. Fingir un secuestro para solicitar rescate constituye un delito. Según el Código Penal peruano, la denuncia falsa puede ser castigada con pena privativa de libertad de hasta tres años, y si se genera un perjuicio a terceros, la condena puede aumentar. Además, puede tipificarse como extorsión si se solicita dinero a cambio.
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