Una explosión reciente en un socavón minero de Ático, Arequipa, destapó algo más que las condiciones de una mina en conflicto. Punto Final reveló detalles sobre Wilber Tito Pérez, conocido también como el ‘Patrón del Sur’, quien es señalado por la Policía como el cabecilla de una organización criminal a gran escala dedicada a la minería ilegal, la usurpación de concesiones y la violencia armada en la zona.
Tito Pérez pasó de ser un dirigente minero artesanal a encabezar la asociación Calpa Renace, un colectivo que en apariencia defendía los derechos de formalización de los pequeños mineros, pero que, según la investigación, usaba esta fachada para extender actividades ilícitas y controlar el negocio del oro en el sur del país. Desde fines de 2020, según la División contra el Crimen Organizado (DIRINCRI), él y su hermano Erasmo lideraron grupos armados que disputaban violentamente el dominio de zonas mineras en Ático.
El mayor episodio de este conflicto ocurrió en junio de 2022, cuando dos asociaciones rivales —Ático Calpa y Calpa Renace— se enfrentaron con fusiles y dinamita por terrenos en concesión de la empresa Inti Gold Mining. El resultado fue luctuoso: 14 personas muertas, la mayoría ejecutadas a balazos y varias sin vínculos directos con la población local.
Aunque Tito Pérez afirmó en público no ser invasor ni terrorista, las pruebas de la policía y la fiscalía apuntan en otra dirección. Se le acusa de proveer armas de alto calibre, como fusiles R15, y de financiar a grupos armados —con integrantes nacionales y extranjeros— para imponer su control en los territorios objeto de disputa.
El informe policial al que accedió el dominical destaca que el dirigente habría llegado a acuerdos con la concesionaria Inti Gold Mining para recibir un porcentaje de la producción de mineral, pero tras desacuerdos, ese trato se interrumpió y derivó en un enfrentamiento cruento con la facción de Ático Calpa, que asumió el control de la explotación minera. La violencia se agudizó cuando, según testigos y colaboradores eficaces, se evidenció que los permisos para armas de fuego circulaban de manera irregular en ambos bandos.
En ese esquema aparece un funcionario de Sucamec, Adrián López Portocarrero, alias “Papu”, acusado de facilitar licencias de armas a cambio de sobornos, lo que permitió armar a los seguidores de Tito Pérez y sus adversarios. La red de corrupción salía del socavón para extenderse a oficinas del Estado.
Su caso no solo se circunscribe al ámbito policial. Su nombre figura como afiliado a Alianza Para el Progreso (APP), lo que abre cuestionamientos sobre hasta dónde llegaron sus lazos políticos. La DIRINCRI sostiene que, aprovechando su posición de dirigente, tejió relaciones y buscó respaldo entre sectores políticos que defienden intereses mineros y de formalización. Esta proximidad se tradujo en capacidad de convocatoria y, en algunos casos, de impunidad ante los llamados de la justicia para esclarecer los hechos de violencia y las denuncias en su contra.
Pese a su exposición pública, Tito Pérez se mantuvo un paso adelante de las autoridades: sus domicilios registrados eran falsos, evitó arraigo y optó por la clandestinidad. En este momento, enfrenta cargos por organización criminal, usurpación agravada, homicidio y conspiración, entre otros delitos.
La intervención más reciente permitió la captura de varios integrantes de su grupo armado, armas de guerra y dinero en efectivo, lo que evidenció la magnitud del entramado ilegal que operaba bajo su mando. Mientras tanto, la Fiscalía solicita prisión preventiva y la activación de alerta roja internacional para su captura.
El caso de Wilber Tito Pérez muestra cómo la minería ilegal y la lucha por el oro pueden arrastrar consigo violencia, corrupción y nexos políticos que afectan la estabilidad de Arequipa y de todo el sur peruano. Su historia deja expuesta la vulnerabilidad del sector y la urgente necesidad de controles efectivos en la actividad minera y sus conexiones con el poder.