Si algo nos ha dejado claro el Ejecutivo y el Congreso en los últimos años, es que les importan muy poco las reglas de juego y la estabilidad fiscal. La regla fiscal, herramienta de programación que busca manejar el déficit fiscal de manera responsable, se incumplió en 2023 y 2024, incluso en este último año, a pesar de que se elevó el límite para facilitar su cumplimiento. Leyes aprobadas por el Congreso y la inacción del Ejecutivo para observarlas han afectado nuestras cuentas fiscales.
Para 2025, nuevas obligaciones de gasto asociadas al incremento de remuneraciones, compras e inversiones, sin considerar los ingresos públicos, decantarían en un nuevo incumplimiento de la regla fiscal. En el colmo de los males, pecando de insensatos e irresponsables, el Congreso, con la eventual venia del Ejecutivo, aprobó una modificación de la estructura del IGV, elevando del 2% al 4% la asignación al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
En el entender de los promotores de la normativa, esta se haría con el fin de promover una descentralización justa y eficaz de los recursos económicos para el desarrollo de los gobiernos locales, particularmente en las zonas más alejadas del país. Sostienen que esto contribuiría al cierre de brechas sociales. Nada más alejado de la realidad.
Lo cierto es que tal manipulación del sistema tributario afectaría negativamente las cuentas fiscales del Gobierno central, para transferir mayores recursos a las municipalidades, las cuales ya han demostrado serias deficiencias en la ejecución de sus presupuestos de inversión pública. Solo en 2024 dejaron de ejecutar S/ 9,682 millones. En 2023, no ejecutaron S/ 10,795 millones; en 2022, S/ 12,460 millones. Año tras año, la ejecución de los presupuestos para inversión pública de las municipalidades apenas supera el 60% del total.
Dicho nivel de ineficacia en la ejecución de los recursos para obras públicas sería uno de los determinantes de la falta de acceso a servicios públicos de calidad. Tal como señalamos en anteriores oportunidades, a nivel nacional, más del 20% de las viviendas no cuenta con acceso a desagüe; y casi el 50% de los hogares no tiene acceso a agua las 24 horas del día.
No existe un problema de falta de recursos, sino de capacidades para gestionarlos. Los propios funcionarios municipales así lo reconocen: el 73.4% requiere capacitaciones en procedimientos administrativos, y el 65%, en formulación y evaluación de proyectos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Entonces, ¿se justifica una mayor asignación para las municipalidades? Peor aún, ¿restando recursos al Gobierno central?
Cerrar brechas sociales no depende de la cantidad de recursos que se asignen a determinadas jurisdicciones, sino del cómo y en qué se ejecutan. Además, si se busca una “distribución justa y eficaz”, las propuestas legislativas deberían apuntar, por ejemplo, a premiar a aquellas municipalidades que sí cumplen, con la asignación de mayores recursos; o a diseñar políticas para atender las necesidades más urgentes de la población con los recursos que se dejan de utilizar todos los años.
Además, una “distribución justa y eficaz” debería sostenerse en una mayor generación de recursos. Generar más ingresos para ser distribuidos. Algo en lo que ni el Congreso ni el Ejecutivo están trabajando seriamente. En lugar de ampliar la base tributaria, incentivando la formalización, en una economía donde la informalidad se sitúa por encima del 70%, el Gobierno financiaría el mayor déficit fiscal de este año a través de deuda. Ejecutivo y Congreso están jugando en pared. El juego se llama: “que pague el que sigue”.
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