Sigue en la mira. La Fiscalía inició una nueva investigación contra el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí. En este caso se le atribuyen los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, omisión de actos funcionales, prevaricato, falsedad ideológica y falsedad genérica.
La denuncia, presentada por los fiscales José Domingo Pérez, Fany del Rosario García Caro, Rocío Angélica Vences Gonzales, Yesenia Karla Miroslava Saldarriaga y Juan Ander Alvites Llanos.
Según la disposición fiscal a la que accedió Infobae, Fernández Jerí habría incurrido en la comisión de delitos al no publicar en el Diario Oficial El Peruano dos documentos clave de la ANC del Ministerio Público: el Reglamento de Organización y Funciones y el Reglamento del Procedimiento Disciplinario.
En lugar de publicarlos en el medio oficial, como exige la ley, habría optado por subirlos únicamente al sitio web “ancmp.pe”, que no está autorizado. De acuerdo con el documento, Fernández Jerí “ha omitido ilegalmente la publicación” de estos reglamentos, lo que contraviene las normas que obligan a difundir este tipo de documentos en El Peruano para garantizar su validez.
Además, se le acusa de haber actuado más allá de sus funciones al publicar estos reglamentos en una página web no oficial, en lugar de usar la plataforma GOB.PE, reservada para publicaciones institucionales.
¿Sanciones de la ANC son ilegales?
Otro punto grave de la denuncia es que Fernández Jerí habría abusado de su autoridad al crear unidades de investigación y procedimientos disciplinarios basados en las normas no publicadas correctamente.
Con esto, según el documento, el jefe de la ANC del Ministerio Público “ha abusado de sus funciones en perjuicio de los derechos fundamentales de los fiscales”, afectando su independencia, estabilidad laboral y derechos como salarios y seguros.
Además, al no publicar los reglamentos en El Peruano, afirman, permitió que fiscales de control aplicaran reglas no válidas, lo que podría haber generado procesos disciplinarios injustos.
También se señala que Juan Fernández Jerí presentó información falsa en un oficio al afirmar que uno de los reglamentos fue publicado el 13 de julio de 2024, cuando en realidad fue el 15 de julio, y en un sitio no autorizado.
Programan diligencias
Para esclarecer estos hechos, la Fiscalía ordenó una investigación de 60 días que incluye tomar declaraciones de los denunciantes y del propio Juan Fernández Jerí, quien deberá presentarse con un abogado o puede realizar su autodefensa.
También se realizará una pericia digital para verificar la autenticidad de los documentos en los sitios web ancmp.pe y lpderecho.pe, y se solicitarán informes al Ministerio de Justicia, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Autoridad Nacional de Control.
Más investigaciones
La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación contra “los que resulten responsables” tras la difusión de una serie de grabaciones entre quien sería Juan Fernández Jerí y el abogado Christian Beteta.
Los audios, cuatro en total, evidenciarían una aparente coordinación para iniciar acciones contra la fiscal suprema Delia Espinoza, el fiscal superior Rafael Vela, el fiscal José Domingo Pérez y la excoordinadora del Eficcop, Marita Barreto.
Según la denuncia, Fernández Jerí se oponía abiertamente a que Delia Espinoza asumiera la Fiscalía de la Nación, luego de que en marzo de este año ella abriera una investigación en su contra por la suspensión, considerada ilegal, del fiscal Rafael Vela. A cambio de su apoyo a los intereses de Salas, el jefe de la ANC exigía que Fuerza Popular bloqueara la llegada de Espinoza al máximo cargo del Ministerio Público.
En un comunicado, la entidad fiscal recordó que las grabaciones contienen indicios que podrían constituir faltas administrativas graves o incluso actos de corrupción. El fiscal a cargo del caso ha asegurado que la investigación se llevará a cabo con celeridad e imparcialidad, garantizando el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. “Frente a cualquier señal de irregularidad, nuestra obligación es actuar dentro del marco legal vigente”, afirmó el magistrado.