Eduardo Arana, jefe del gabinete ministerial, se refirió a la reciente solicitud por parte de la Fiscalía, a fin de que el Congreso reconsidere el archivo de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte. Desde un evento oficial, el premier cuestionó la validez del pedido al mencionar que no existe un procedimiento como el que plantea el Ministerio Público.
Desde un evento con estudiantes de la Institución Educativa Miguel Grau, en el distrito de Magdalena del Mar, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros indicó que debido a la falta de reglamento al respecto, "es un asunto en el que el propio Congreso tendrá que aclarar y explicar, en el ámbito de sus competencias".
El Ministerio Público argumentó su solicitud indicando que el Parlamento habría incurrido en “graves vicios procesales” al tramitar la denuncia por cohecho pasivo impropio, acusando a Boluarte de recibir joyas, incluidos tres relojes Rolex, del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecer a la región con partidas presupuestales significativas.
Debido a estos vicios procesales, la Fiscalía considera que se debería declarar la nulidad de todo lo actuado en el ámbito parlamentario y posponer el procedimiento hasta que cese la inmunidad presidencial prevista en el artículo 117 de la Constitución. Destacó que es “jurídicamente insostenible” que el Congreso haya archivado el caso invocando dicho punto de la carta magna solo al final del proceso, cuando la denuncia ya había pasado por varias etapas sin cuestionar la supuesta prohibición de continuar con el trámite.
El Ministerio Público había advertido esta inconsistencia en una sesión del 18 de marzo de 2025, pero su cuestionamiento no fue resuelto. Además, se critica que no se evaluaron adecuadamente los elementos que podrían demostrar el delito cometido por Boluarte, ni se consideró el interés público comprometido. Por ello, insisten en la reconsideración del archivo, la anulación de lo actuado por el Parlamento y la postergación del trámite hasta que termine el mandato de Boluarte.
Ello, “a efectos de evitar la impunidad, asegurando que los hechos graves atribuidos a la presidenta de la República, como el delito denunciado, puedan ser revisados y sancionados en el momento oportuno, sin que la inmunidad temporal se convierta en un blindaje permanente”, sentenció el Ministerio Público.
Cabe mencionar que la votación en la Comisión Permanente del Congreso mostró divisiones. Los congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Somos Perú y Honor y Democracia votaron a favor de ratificar el archivo de la denuncia. En contraste, los parlamentarios de Perú Libre, Podemos Perú, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, Renovación Popular y la Bancada Socialista votaron en contra. El único voto en abstención fue del congresista Jorge Coayla de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo.
¿Qué es el caso Rolex?
El caso Rolex se originó en marzo de 2024, cuando se descubrió que Boluarte usaba relojes Rolex en eventos oficiales sin haberlos declarado en su informe de bienes. Inicialmente, afirmó que los relojes eran de su propiedad, pero luego declaró que eran préstamos de Oscorima, a quien considera un amigo. Posteriormente, reconoció haber cometido un error al aceptarlos y afirmó haberlos devuelto.
Frente a estos hechos, la Fiscalía inició una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración de bienes, y en mayo de 2024, el fiscal Juan Carlos Villena presentó una denuncia constitucional por cohecho pasivo impropio, alegando que Boluarte habría recibido relojes y joyas a cambio de emitir decretos a favor del gobierno regional de Ayacucho.
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