El 15 de abril de 2025, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó un dictamen que ordena la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).
La medida encendió alertas entre organizaciones de defensa de derechos humanos, debido a las graves consecuencias que implicaría para la protección de mujeres víctimas de violencia de género y la debilitación del Programa Aurora, recientemente rebautizado como Warmi Ñan.
Centros en riesgo, víctimas desprotegidas
Con 433 sedes a nivel nacional, los CEM son la principal red de atención especializada para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia física, sexual, psicológica o económica. Solo en el primer trimestre de 2025, estos centros atendieron más de 42 mil casos, el 84% de ellos correspondientes a mujeres.
El dictamen —basado en el proyecto de ley 7466/2023-CR— dispone que los CEM sean absorbidos por la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), una nueva entidad del MINJUSDH. La transferencia incluye su presupuesto, infraestructura, personal, archivos, contratos y bienes. El plazo máximo para esta absorción es de 90 días hábiles tras la promulgación de la norma.
Sin consulta ni sustento técnico
Para la especialista en género y derechos humanos Jeannette Llaja, el dictamen carece de justificación técnica, normativa o presupuestal. “El Congreso pretende resolver una problemática institucional desmantelando otra, con el apoyo explícito del MINJUSDH y el silencio preocupante del MIMP, que ni siquiera fue consultado”, escribió en su cuenta de LinkedIn.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los CEM concentran S/209 millones del presupuesto del MIMP para 2025, lo que representa el 20% de sus recursos. Con la transferencia al Ministerio de Justicia, este monto también sería redireccionado, debilitando estructural y operativamente al MIMP y afectando la continuidad de servicios esenciales para la atención de la violencia de género.
Una decisión política, no técnica
Organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos califican esta medida como parte de un proceso sistemático de desmantelamiento institucional del Ministerio de la Mujer. Liz Meléndez, directora del Centro Flora Tristán, advirtió en declaraciones a Wayka que la eliminación de los CEM “busca desaparecer una de las pocas instancias especializadas en violencia contra mujeres e integrantes del grupo familiar”.
Meléndez también cuestionó el reciente cambio de nombre del Programa Aurora a Warmi Ñan, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2025-MIMP, como un movimiento político orientado a facilitar la fusión del MIMP con el MIDIS. “Es una forma de preparar su migración al MIDIS, mientras se desmantelan los CEM. Ya de por sí, esto es un despropósito”, declaró.
Cabe señalar que el MINJUSDH y la Defensoría del Pueblo han respaldado el dictamen, bajo el argumento de que fortalecería el acceso a la justicia. Sin embargo, este respaldo no contempla el impacto negativo de reducir la atención integral a víctimas de violencia, ni la ausencia de experiencia del MINJUSDH en acompañamiento psicosocial.
Además, esta medida no es aislada. En julio de 2024, durante su mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte propuso fusionar el MIMP con el MIDIS. La congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular) presentó poco después el proyecto de ley N° 10328/2024-CR que busca formalizar esta fusión, creando el Ministerio de la Familia, Desarrollo e Inclusión Social (MIFADIS), propuesta ampliamente rechazada por exministras y expertas por representar un retroceso histórico.
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen con 13 votos a favor, entre ellos de los congresistas Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante (Renovación Popular), y Waldemar Cerrón y Américo Gonza (Perú Libre). El Ministerio de la Mujer no fue consultado, a pesar de ser el ente rector en políticas para erradicar la violencia de género.
Posibles consecuencias
- Reducción de la atención especializada para víctimas de violencia.
- Fragmentación de servicios integrales: asesoría legal, atención psicológica y orientación social ya no estarán bajo una sola entidad.
- Pérdida de presupuesto clave para el MIMP.
- Desarticulación de una política pública con más de dos décadas de implementación.
- Riesgo de retroceso en los compromisos internacionales del Perú sobre derechos de las mujeres.