La Comisión de Constitución del Congreso, que preside el fujimorista Fernando Rospigliosi, debate y vota hoy el predictamen que propone restablecer la inmunidad parlamentaria a los legisladores. Ello pese a que esta figura jurídica fue eliminada hace poco más de 5 años, a través de la Ley 31118.
La reforma a la Constitución, de aprobarse, aplicaría recién para los senadores y diputados que se elegirán en las Elecciones Generales 2026.
Según el texto planteado, se modificaría el artículo 93 de la Constitución para reintroducir que los senadores y diputados “no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización” de la cámara a la que pertenecen o de la Comisión Permanente, en casos de que las cámaras estén en receso.
La inmunidad parlamentaria iría “desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones”. Se hace la excepción en casos de delitos flagrantes, donde son puestos a disposición de su cámara o de la Comisión Permanente para que en un plazo de 30 días decida si autoriza la privación de la libertad y el enjuiciamiento. Caso contrario, son puestos a disposición de la Corte Suprema para que determine si procede el procesamiento penal y el desafuero.
¿Qué implica la inmunidad parlamentaria?
La inmunidad parlamentaria implica que un congresista evitará cualquier proceso penal en el que esté como imputado, incluidos los que iniciaron por delitos que hayan cometido antes de ser elegido como parlamentario.
Cuando se quiera iniciar o continuar un proceso penal, el Poder Judicial deberá requerir la autorización al Congreso. Este con solo la fuerza de los votos podía evitar que un parlamentario responda a la justicia, pese a que no había algún componente ideológico o político en el proceso penal.
A raíz de esos cuestionamientos, así como los señalamientos de impunidad, el anterior Parlamento eliminó esta prerrogativa con la Ley 31118.
Las “razones” para restablecer la inmunidad parlamentaria
La Comisión de Constitución sustenta afirma que restablecer la inmunidad parlamentaria tiene como objetivo “proteger y permitir que el Congreso de la República ejerza el normal desarrollo de sus funciones”.
“La inmunidad parlamentaria promueve que los integrantes de los partidos políticos que conforman los grupos parlamentarios cuenten con la autonomía para ejercer adecuadamente sus funciones y los protege frente a denuncias temerarias o instrumentalizadas políticamente, particularmente en contextos de polarización política”, se lee en el documento.
Incluso, se asegura en el predictamen que la inmunidad parlamentaria beneficiará a la ciudadanía. Esto porque habrá una “mayor garantía” de que los parlamentarios elegidos “ejercerán sus funciones sin presiones judiciales externas y con procedimiento con plazos definidos y supervisión judicial”.
Eso sí, la Comisión de Constitución es consciente que el restablecimiento de este beneficio a los congresistas se podría “traducir en una percepción de impunidad institucional”.
También se podría “generar percepción de deterioro de la imagen de los partidos ante la opinión pública” y la población “podría percibirlo como un mecanismo de desigualdad ante la ley”.
El Congreso del 2%
Desde el Congreso se pretende restablecer la inmunidad parlamentaria pese al rechazo casi unánime. Su nivel de aprobación cayó a un mínimo histórico del 2%, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
Este estudio, publicado por el diario La República, destaca que el descontento ciudadano hacia el Parlamento ha alcanzado su punto más alto desde que comenzó sus funciones en julio de 2021.
De acuerdo con el informe del IEP, la desaprobación del Congreso ha ido en aumento desde sus primeros días, cuando contaba con un 31% de apoyo. En los primeros meses de 2024, la aprobación se redujo al 5%, mientras que el rechazo alcanzó el 90%. En agosto de 2024, el respaldo cayó aún más al 4%, con un 91% de desaprobación. Para enero de 2025, las cifras se mantuvieron estables, pero en el mes de marzo, la situación empeoró, con solo un 2% de aprobación y un 95% de desaprobación.
Este descontento generalizado se debe, en parte, a decisiones legislativas controversiales, especialmente aquellas impulsadas por Fuerza Popular y sus aliados. Estas decisiones han sido percibidas como beneficiosas para los delincuentes, incluyendo intentos de eliminar la detención preliminar en casos de no flagrancia y leyes que exigen la presencia de un abogado durante los allanamientos.