El Ministerio de Energía y Minas publicó recientemente la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025. En principio, el balance parece positivo: 67 proyectos – nueve más que en la edición anterior – y una inversión conjunta mayor a US$ 64 mil millones, 17% más que la cartera previa. Pero basta mirar bajo la superficie para notar que el problema no es cuánto hay en la cartera, sino cuánto avanza.
Cada año, la publicación agrega algunos proyectos y actualiza cifras. Sin embargo, el fondo no cambia. Buena parte de los proyectos siguen siendo los mismos y la mayoría de los que se incorporan son inversiones sobre minas existentes. En la edición 2025, todas las nuevas incorporaciones corresponden a proyectos brownfield, es decir, sobre minas en operación. Además, solo la Optimización de Cerro Verde concentra una inversión significativa, con US$ 2,100 millones, poco menos de la mitad del total invertido por el sector en 2024 (US$ 4,960 millones).
Lo más preocupante es que casi dos tercios de los proyectos de la cartera no tienen fecha definida para su desarrollo. Peor aún, la mitad de estos tampoco tenían un cronograma hace cinco años. Los conflictos sociales, procesos burocráticos que demoran años y la amenaza creciente de la minería ilegal son algunas de las principales razones.
Este estancamiento contrasta con el potencial geológico del país, especialmente en cobre, principal mineral producido en Perú. En 2016, el país alcanzó el segundo puesto a nivel mundial en la producción de cobre, impulsado por la operación de Las Bambas, uno de los últimos grandes proyectos mineros. Desde entonces, solo Quellaveco ha logrado incorporarse a la producción a gran escala, iniciando operaciones en 2022. Pese al aporte de esta gran unidad minera, el impulso no fue suficiente: en 2023, el Congo superó al Perú, relegándolo al tercer lugar en el ranking mundial.
Lo paradójico es que las reservas probadas de cobre en el Perú se han más que triplicado en los últimos 20 años, pasando de 30 a 100 millones de toneladas, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Un salto mayor al de Chile en el mismo periodo, que pasó de 150 a 190 millones de toneladas. En contraste, la República Democrática del Congo, que hasta 2012 no figuraba entre los principales productores de cobre del mundo, multiplicó por cuatro sus reservas en poco más de una década, pasando de 20 millones en 2012 a 80 millones en 2024.
El problema, entonces, no es el recurso: es no aprovecharlo por falta de condiciones para invertir. Mientras países competidores avanzan con proyectos de clase mundial, el Perú no tiene en el horizonte inmediato ningún desarrollo similar. Y ese rezago no es solo una preocupación para los rankings internacionales, sino un problema económico y social de fondo.
La minería formal es una de las principales fuentes de inversión, crecimiento, empleo formal, recaudación tributaria y divisas. Sin embargo, mientras los grandes proyectos continúan estancados, la minería ilegal se expande con fuerza, deteriorando aún más el entorno para la inversión, el medio ambiente y el bienestar de la población. El Estado muestra poca prioridad por la inversión formal y no muestra capacidad para enfrentar la minería ilegal, agravando el panorama para el sector y el país.
Si no se logra sacar adelante los proyectos mineros y cerrar el paso a quienes operan al margen de la ley, el Perú no solo seguirá perdiendo oportunidades de crecimiento, sino también la posibilidad de tener un desarrollo ordenado, seguro y sostenible. Mientras los proyectos sigan atrapados en la burocracia, el país continuará en la paradoja de tener una de las mayores riquezas bajo tierra, pero una economía sobre ella que no despega.