El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, afirmó que la presidenta Dina Boluarte todavía puede disolver el Congreso de la República, hasta julio, ya que así lo establece la constitución.
La aclaración llega después de que el presidente del Consejo de Ministros indicara que podría disolver el Parlamento si es censurado, teniendo en cuenta que hay hasta tres mociones por parte de legisladores para sacarlo del cargo.
El especialista indica que la Constitución sostiene que el Congreso pede ser disuelto hasta un año antes que acabe el mandato, es decir, hasta julio, siempre y cuando haya dos primeros ministros derrumbados, por censura o confianza.
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Además, según su perspectiva la declaración del premier, “es una clara amenaza”, ya que estaría diciendo “si van por mí a la censura, entonces acuérdense que los pueden disolver”, mencionó.
“Yo creo que no tiene cintura política y no tiene mucho carisma. El otro día, por ejemplo, a una periodista, no le dejó terminar la pregunta y le respondió. O sea, ya tenía la respuesta sin haber escuchado la pregunta. Eso es de muy mal gusto”, añadió.
Por otro lado, subrayó que, para él, una disolución del Congreso sería “absolutamente innecesaria”, y que, antiguamente, la “política era mucho más rica”. “Había un debate, había un cruce verbal, una discusión alturada. Ahora, tienen miedo a una censura, tienen miedo a una interpelación”, precisó.
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“Claro, cuando dice, de repente a usted lo censuramos, acuérdese que lo podemos disolver, pero no ha habido una disolución de ningún gabinete, pero claro hay el fantasma de Vizcarra”, agregó, haciendo referencia a la ‘denegación fáctica’ utilizada por el régimen del fundador de Perú Primero, para cerrar el Parlamento.
Censura a Gustavo Adrianzen
El jefe del Gabinete Ministerial de Perú, Gustavo Adrianzén, enfrenta una compleja situación política tras la presentación de tres mociones de censura en su contra en el Congreso. Estas solicitudes de destitución surgen como consecuencia de la masacre de 13 mineros en Pataz, en la región de La Libertad, quienes fueron asesinados tras haber sido secuestrados. La eventual salida de Adrianzén podría desencadenar una crisis total en el gabinete ministerial.
En medio de esta coyuntura, Adrianzén expresó públicamente su postura a través de su cuenta oficial en X, antes conocida como Twitter. “¡Moral a tope! Todo Por El Perú, ¡avanzamos!”, escribió el miércoles por la mañana, reafirmando su determinación frente a los pedidos de censura.
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La moción más reciente fue presentada por la bancada de Renovación Popular, que argumenta que el premier ha demostrado “manifiesta incapacidad” y una “absoluta falta de reacción, control y estrategia oportuna” ante la crisis que atraviesa el país.
El contexto que rodea estas mociones se remonta a días previos a la tragedia en Patáz. Cuatro días antes de que se confirmara el asesinato de los mineros, Adrianzén había negado la existencia de información confiable sobre el secuestro de los trabajadores. Según detalló el medio, el premier afirmó en ese momento que el Ejecutivo no había recibido ninguna denuncia oficial al respecto.
Además, señaló que había mantenido comunicación con representantes de la minera Poderosa, empresa que opera en la zona, quienes le aseguraron que los afectados no eran empleados directos ni asociados a la compañía mediante convenios.
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En sus declaraciones, Adrianzén minimizó los reportes iniciales y expresó dudas sobre la veracidad de los hechos. “Más allá de eso, si los secuestrados son o no empleados de la mina, nos preocupa que esta información sea cierta.
No obstante, nuestros cuerpos de seguridad en Patáz no tienen indicios de que el suceso reportado sea veraz (...) No tenemos ninguna denuncia hasta el momento, pero confiamos en que, como resultado de las investigaciones, se esclarezca la situación”, sostuvo en ese momento.