El escándalo por la intoxicación de escolares en Puno da un nuevo giro. La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (Dircocor PNP), en coordinación con el Ministerio Público, detuvo en un operativo a Ronald Loza Machicao, funcionario de la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno, por su presunta participación en la manipulación de informes sanitarios para proteger a la cuestionada empresa Frigoinca, implicada en la el caso de intoxicación masiva de 23 escolares en un colegio de Puno.
La intervención se realizó en horas de la mañana en el hotel AuroMar INN, ubicado en la avenida El Sol, en la ciudad de Puno. Loza Machicao fue arrestado como parte de una diligencia de detención preliminar dispuesta por las autoridades judiciales.
De acuerdo con información policial, Loza habría recibido sobornos por parte de representantes de la empresa Frigoinca para modificar los informes técnicos del caso, con el objetivo de desviar la responsabilidad del incidente hacia un supuesto consumo de agua contaminada. Esta maniobra buscaba evitar sanciones contractuales y administrativas contra la empresa, entonces dirigida por el fallecido Nilo Burga.
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¿Qué delitos habría cometido Ronald Loza Machicao?
Ronald Loza Machicao es investigado por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo propio en el marco del caso Qali Warma. La orden de allanamiento, solicitada por el fiscal provincial Reynaldo Abia Arrieta, fue ejecutada con el apoyo de la Dircocor y la Dirin de la Policía Nacional.
Según la investigación fiscal, Loza Machicao habría recibido pagos mensuales de la empresa Frigoinca S.A.C. entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, a cambio de alterar muestras de conservas Don Simón para el programa social Qali Warma. Este acto habría tenido como fin ocultar deficiencias sanitarias tras una intoxicación que afectó a más de 20 escolares del colegio Gamaliel Churata, en el distrito de Cabana, provincia de San Román, el 25 de marzo de 2024.
El caso Frigoinca: 23 escolares intoxicados
Los hechos que originaron la investigación ocurrieron en marzo de 2024, cuando al menos 23 menores del colegio Gamaliel Churata, ubicado en el distrito de Cabana, región Puno, resultaron intoxicados tras consumir conservas de carne enlatada distribuidas por el programa Qali Warma. Los estudiantes fueron trasladados de emergencia al hospital Carlos Monge Medrano, generando una grave alarma sanitaria a nivel nacional.
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Tras el incidente, se iniciaron investigaciones judiciales y administrativas para determinar la responsabilidad de la empresa proveedora, que mantenía múltiples contratos con el Estado para el abastecimiento de alimentos escolares.
Simultáneamente a la detención de Loza, la Dircocor PNP y el Ministerio Público realizaron cuatro allanamientos en las ciudades de Puno y Arequipa con el objetivo de recabar nuevas pruebas que sustenten los presuntos actos de corrupción vinculados a la distribución de alimentos por parte de Frigoinca.
Frigoinca: contratos millonarios y denuncias previas
La empresa Frigoinca, especializada en la producción de conservas cárnicas bajo la marca “Don Simón”, firmó 29 contratos con el programa Qali Warma por un total de 88 millones de soles. A pesar de este volumen millonario de contratos, ya había sido señalada previamente en diversas regiones del país por el presunto mal estado de sus productos.
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Una investigación periodística revelada por el programa Punto Final en octubre del 2023 expuso que los productos de Frigoinca presentaban serias deficiencias, lo que motivó a Qali Warma a retirar sus conservas de los colegios. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y la empresa quedó en el ojo de la tormenta.
Muerte del dueño de Frigoinca
El caso tomó un giro aún más oscuro el 25 de diciembre del 2023, cuando Nilo Burga, propietario de Frigoinca, fue hallado sin vida en la habitación 301 del hotel Sauna Luz y Luna, en el distrito limeño de Magdalena del Mar. Aunque inicialmente se manejó la hipótesis de suicidio, las investigaciones apuntan a que fue asesinado a puñaladas, y que sus agresores habrían intentado simular un suicidio.
Según declaraciones del abogado de Burga, el empresario estaba enfocado en organizar su defensa ante la Fiscalía, que lo investigaba por el suministro de alimentos en mal estado y por presuntos sobornos a funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y del Ministerio de Salud (MINSA), con el fin de encubrir los casos de intoxicación masiva relacionados con sus productos.
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Ministra admite fallas estructurales y cierre de programa
En paralelo al avance de las investigaciones, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, fue interpelada por el Congreso el martes 6 de mayo. Durante su presentación, reveló que más de 300 escolares resultaron afectados en 38 incidentes registrados en diversas regiones del país, incluyendo Amazonas, Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Lambayeque, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.
Urteaga señaló que, como parte de la respuesta, se realizaron supervisiones a escuelas y plantas procesadoras de alimentos, con la participación del Ministerio Público, gobiernos locales y personal técnico especializado. Se tomaron muestras para análisis que aún están en proceso.
Durante su exposición, la ministra admitió que el programa Qali Warma -posteriormente denominado Wasi Mikuna- arrastra fallas estructurales desde hace más de una década, y que la magnitud de los últimos casos motivó su cierre definitivo, con el fin de reestructurar el sistema de alimentación escolar.
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