Se acabó el plazo de 5 años y el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha reconocido que el hacinamiento carcelario no se va a solucionar este mes de mayo, tal como estableció el Tribunal Constitucional en una sentencia de mayo de 2020. Por ello, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, solicitó formalmente al máximo intérprete un prórroga para resolver la problemática penitenciaria, declarado en estado de cosas inconstitucional.
Infobae accedió al escrito que Arana presentó ante el TC en el que solicita que se "evalúe la adecuación del plazo dispuesto para el cumplimiento“ de la sentencia a fin de dar ”solución definitiva y efectiva al problema público" del hacinamiento carcelario.
La “adecuación del plazo” propuesta por el titular de Justicia equivaldría a 2 años y 7 meses, que es el tiempo que duró el estado de emergencia por la pandemia de la COVID-19 en Perú.
“Durante el periodo de ejecución de la referida sentencia se produjo la crisis sanitaria por la COVID-19 y el Ciclón Yakuu, lo que produjo una contracción en el crecimiento económico y generó una inmediata reasignación de recursos económicos en pro de la salud de todos los ciudadanos, afectando la asignación presupuestal correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al INPE para las inversiones en el Sistema Penitenciario Nacional, afectando considerablemente nuestra capacidad de cumplimiento frente a la sentencia emitida por el TC”, se lee en el documento al que este diario tuvo acceso.
Eduardo Arana, además, recuerda que incluso el TC se vio afectado por la pandemia y tuvo que suspender los plazos procesales desde marzo de 2020 hasta octubre de 2022.
“En atención a las circunstancias descritas en los párrafos anteriores, que significaron una paralización de los plazos procesales mayores a dos años y siete meses, solicitamos que evalúe la adecuación del plazo dispuesto para el cumplimiento de los mandatos contenidos en la mencionada sentencia, lo cual contribuirá a brindar una solución definitiva y efectiva al problema público que el Tribunal Constitucional ha identificado”, reza el texto.
Penales serán cerrados
Mientras no se resuelva el pedido del Gobierno para ampliar el plazo, la sentencia se sigue ejecutando. Por lo que los 6 penales con mayor sobrepoblación deberán empezar a ser cerrados, es decir, no podrán recibir más reclusos hasta que se solucione el hacinamiento.
Para cuando se dictó el fallo del TC en mayo de 2020, los penales con mayor sobrepoblación eran los de Chanchamayo (553%), de Jaen (522%), del Callao (471%), de Camaná (453%), de Abancay (398%) y Miguel Castro Castro (375%).
Sin embargo, para 2025 la situación ha cambiado. Según el informe estadístico del INPE de enero de este año, entre los centros penitenciarios con mayor hacinamiento se mantiene el del Callao, conocido como Sarita Colonia, con 3.243 internos cuando su capacidad es para solo 572. El porcentaje de sobrepoblación es de 467%.
Si el Ejecutivo no consigue una prórroga del plazo para solucionar el hacinamiento carcelario, el Penal Sarita Colonia tendría que cerrar. También serían cerrados los penales de Quillabamba (505%), de Camaná (486%), de Huancavelica (470%), de Abancay (462%) y de Chanchamayo (429%).
El penal Miguel Castro Castro también tiene una sobrepoblación penitenciaria (370%) y sería cerrado luego de los primeros 6 recintos.
Medidas anunciadas
El último miércoles, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, se presentó ante el Congreso para dar cuenta de las medidas adoptadas por el Gobierno para solucionar la crisis penitenciaria. Informó de algunas medidas, como el Decreto Legislativo 1585 y la gestión de un crédito para la construcción de nuevos penales.
En dicha sesión también anunció que se emitirá un decreto de urgencia para privatizar el ingreso a los penales.
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