Nuevo enfrentamiento entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. Esta vez, el defensor de la PNP, Máximo Ramírez, anunció que denunciará a Jessica Gomero, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Santa Anita, ante la liberación de 16 detenidos vinculados a delitos de proxenetismo, tráfico de drogas y extorsión. El director del órgano policial cuestionó que las pruebas presentadas no hayan sido suficientes e insistió que en el edificio allanado en Ate se encontraron armas de fuego, cacerinas de uso militar y drogas.
En declaraciones a TV Perú, calificó de ‘vergonzoso’ el accionar de la integrante del Ministerio Público e invocó a los órganos de control de la Fiscalía a adoptar acciones para destituirla. “La verdad, es una vergüenza como fiscal. […] Lo que ella ha hecho con esta disposición es una falta muy grave. La Policía ha detenido en flagrancia, no se han incautado armas de juguete, se han encontrado armas y drogas”, mencionó.
Visiblemente indignado, también lamentó ante las cámaras de Buenos Días Perú que la Policía arriesgue su vida para capturar a los delincuentes y ella los libere en menos de 48 horas. “Es absurdo totalmente”, afirmó y destacó que este no es un caso aislado, ya que se han presentado denuncias contra 15 fiscales ante la autoridad correspondiente por situaciones similares.
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Consultada al respecto, la fiscal defendió su decisión e indicó que los únicos elementos encontrados durante el operativo fueron un arma de fuego y marihuana. Por ello, los cargos formulados contra los detenidos se limitaron a peligro común y posesión ilegal de drogas. Además, señaló que el caso carecía de fundamentos claros y que no existía un plan de intervención bien estructurado. En declaraciones a América Noticias, Gomero afirmó: “Ninguna de las 16 personas tenía denuncias previas. El Ministerio Público no libera personas, investiga y pasa al Poder Judicial casos que tienen sustento, que tienen elementos probatorios”.
Posteriormente, en diálogo con 24 horas, la abogada cuestionó que el operativo se haya realizado sin la convocatoria del Ministerio Público, como exige la ley para garantizar la legalidad de las actuaciones: “No ha sido algo circunstancial. No hablamos de flagrancia acá. Esto no ha sido un operativo. ¿Por qué? Porque en su misma acta lo menciona, y cuando es un operativo debe estar el Ministerio Público convocado para garantizar la legalidad de estas actuaciones”.
Agregó que el personal policial no hizo ni presentó ninguna filmación de la intervención. “No nos han proporcionado. Se les ha preguntado y no hay ninguna filmación. O sea, cómo entender de que se han organizado, tanto el personal, hasta vehículos y todo, ¿y no van a contar con un registro fílmico?”, sostuvo.
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Por su parte, los investigados argumentaron que no pueden trabajar debido a las acusaciones y negaron cualquier vínculo con las armas y drogas encontradas en el lugar. Según indicaron, estos objetos no contenían sus huellas dactilares, lo que, en su opinión, refuerza la falta de pruebas en su contra.
Cabe mencionar que el operativo en Ate fue presentado inicialmente como un golpe significativo contra actividades delictivas en la zona. De acuerdo a la PNP, se halló 180 envoltorios de droga, armas de fuego, cacerinas de uso militar y la presencia de seis menores de edad. No obstante, la Fiscalía cuestionó los procedimientos y material probatorio anunciado. Insistió en el que el caso no ha sido archivado, solo que no hubo la cantidad suficiente para su detención, por lo que las investigaciones deben continuar en libertad.