En la región de Apurímac, la tensión social volvió a escalar. Un nuevo episodio de violencia se presentó en las inmediaciones de la minera MMG Las Bambas, ubicada en el distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas. Esta vez, tres personas resultaron heridas, entre ellas un agente de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), durante un enfrentamiento entre comuneros de Fuerabamba, efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de seguridad privada de la compañía minera. El incidente no fue un hecho aislado: se suma a una cadena de episodios que evidencian el grado de conflictividad social y la disputa territorial en torno al megaproyecto minero.
Los hechos ocurrieron en el sector Manantiales, una zona estratégica por ser una de las entradas principales a las instalaciones de Las Bambas. La violencia estalló cuando un grupo de comuneros interceptó el relevo del contingente policial y del personal de seguridad privada. De acuerdo con información de la PNP, los comuneros utilizaron hondas y guaracas para lanzar piedras, mientras que la respuesta de las fuerzas del orden incluyó el uso de gases lacrimógenos.
Según testigos citados por medios locales, los enfrentamientos se originaron por un conflicto en torno a terrenos colindantes con la empresa. Los comuneros acusan a Las Bambas de negociar exclusivamente con una familia, desconociendo el proceso interno de resolución comunitaria.
Disputa territorial y presencia policial
El conflicto por la tierra es una constante en las relaciones entre la minera y las comunidades locales. Lo ocurrido este 29 de abril no constituye una novedad para la población de Cotabambas, pero sí representa una nueva escalada de una tensión que no se disipa. En medio de la confrontación, dos trabajadores de seguridad privada también resultaron heridos.
La presencia policial en la zona permanece intacta. El acceso principal a la minera continúa bajo vigilancia, mientras decenas de comuneros permanecen en los alrededores a la espera de una respuesta concreta por parte de la empresa. La situación es tensa y el diálogo, hasta el momento, no se ha restablecido.
Desde el 13 de marzo, comunidades como Huancuire y Pumamarca sostienen un paro indefinido en rechazo al proyecto minero. Las protestas se intensificaron cuando, según denuncias, efectivos de seguridad y policías destruyeron viviendas temporales en la zona de Chalcobamba. “Personal de seguridad de minera Las Bambas y policías destruyen chozas y corrales de comuneros de Huancuire, sector Chalcobamba, y roban calaminas, frazadas, pertenencias”, denunció la periodista Jaqueline Fowks a través de su cuenta en X.
Medidas ambientales y paralización de actividades
Hace unos días, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ordenó paralizar temporalmente las actividades de perforación en Chalcobamba. La decisión también incluyó medidas correctivas para la empresa: realizar monitoreos mensuales del agua del manantial Timpopuquio y garantizar el suministro de agua potable a la comunidad de Contahuire, ubicada en Huancuire.
Las medidas ambientales no han apaciguado los reclamos. Según el portal Business and Human Rights Resource Centre, los comuneros sostienen que sus tierras han sido invadidas y contaminadas, y que los compromisos firmados por la empresa no se han respetado. Estas denuncias han sumado apoyo de organizaciones nacionales e internacionales.
Un elemento adicional que reavivó las protestas fue la absolución judicial de once defensores comunales procesados por su oposición a las actividades de Las Bambas. El fallo a su favor no solo los eximió de culpa, sino que también dio mayor visibilidad a sus demandas históricas.
Uno de los absueltos, Ronald Bello Abarca, remarcó la postura de las comunidades frente al extractivismo. “Esperamos que las futuras inversiones mineras en el sur peruano se realicen con la aceptación y el debido respeto a nuestra naturaleza y a nuestras comunidades”, afirmó.
Organizaciones como CooperAcción se han mostrado activas en el seguimiento del conflicto. Su fundadora, Julia Cuadros, ha insistido en la necesidad de revisar los estudios de impacto ambiental previos a la ejecución de proyectos mineros en territorios donde existen comunidades originarias. El debate sobre los EIA se ha convertido en un punto central del conflicto, más aún cuando los proyectos avanzan sin un consenso claro en el territorio.
Reclamos sin resolver y presencia prolongada
Pese a los compromisos firmados en mesas de diálogo anteriores, la situación en Cotabambas se mantiene estancada. Las demandas por una participación más justa en las decisiones, el respeto por los acuerdos comunales y la protección del medio ambiente siguen sin una respuesta definitiva.
Mientras tanto, las autoridades continúan desplegadas en la zona. El ingreso a la minera permanece bajo custodia y los comuneros mantienen sus posiciones. Cada enfrentamiento, cada herido, alimenta el ciclo de desconfianza entre las partes, en un escenario donde la minería convive con la protesta social como parte de la cotidianidad.