Semanas atrás el presidente norteamericano Donald Trump anunció un paquete de medidas arancelarias generalizadas para todos los productos que ingresen a los Estados Unidos (EE.UU.) Esta medida también afecta a nuestro país, el cual estará sujeto a una tarifa base del 10%, al igual que diversos países sudamericanos.
Evidentemente, este anuncio ha generado preocupación en la comunidad internacional, ya que conlleva el riesgo de generar una recesión global, afectando la liberalización comercial y a las economías más vulnerables. Además, supone también un desconocimiento expreso de los compromisos asumidos en tratados de libre comercio.
Vayamos por partes: ¿qué es un arancel? Brevemente, son impuestos que se aplican a las mercancías importadas. ¿Quién paga el arancel? En términos generales, el importador, aunque el costo suele trasladarse al consumidor final, es decir, nosotros. ¿Qué consecuencia puede traer la imposición de aranceles elevados? Un aumento del precio de los bienes importados, lo cual, eventualmente, puede generar inflación y reducir el acceso a bienes esenciales.
Es justamente por ello que la comunidad internacional —incluyendo, por supuesto, nuestro país— ha suscrito diversos tratados de libre comercio destinados a reducir, o en algunos casos, eliminar estos aranceles. Y es también por ello que organismos internacionales, como la Organización Mundial del Comercio (OMC) promueve las negociaciones destinadas a reducirlos.
Algunos autores hablan sobre la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como la OMC, para poder solucionar este impase. El problema con ello es que el mismo presidente Trump, durante su primer mandato, bloqueó la designación de jueces del Órgano de Apelación de dicha institución, bajo el pretexto principal de que los informes emitidos por esta eran contrarios a los intereses de Estados Unidos y que no había sido efectiva para abordar las prácticas comerciales de China. Es decir, gracias a Trump, los informes de los “grupos especiales” (primera instancia) no pueden ser revisados en apelación, vulnerando así un principio esencial del derecho, que es el de la doble instancia.
Este giro proteccionista contrasta fuertemente con la postura histórica de Estados Unidos que durante décadas promovía la liberalización del comercio como mecanismo para garantizar prosperidad económica; por ejemplo, a través de Franklin D. Roosevelt y el impulso que dio en la conferencia de Bretton Woods a la creación de la Organización Internacional del Comercio, la cual no llegó a constituirse, pero que posibilitó la suscripción del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT de 1947), el cual, a su vez, fue el antecedente inmediato de la hoy OMC.
Queda por ver cuál será el desenlace de esta historia. Por lo pronto, California ha demandado a la administración Trump por la imposición de estos aranceles los cuales, nuevamente, han afectado –y continuarán afectando– al comercio internacional.