En medio de una creciente ola de violencia vinculada al crimen organizado, el Gobierno anunció el fortalecimiento de la presencia militar y policial en la provincia de Pataz, región La Libertad. La decisión se tomó tras una visita de supervisión encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y el ministro de Defensa, Walter Astudillo, en respuesta a los recientes atentados contra la minera Poderosa.
El despliegue tiene como objetivo frenar la minería ilegal, que ha consolidado en la zona una estructura paralela de poder basada en el uso de la fuerza, el tráfico de insumos químicos, el control de rutas estratégicas y la amenaza directa contra empresas formales. La respuesta del Ejecutivo busca reposicionar al Estado en el territorio con un frente articulado entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y otras entidades del sector público.
“Las Fuerzas Armadas han constituido una importante cantidad de efectivos en Pataz; y se van a reforzar de acuerdo a los planes de operaciones que está formulando la Policía Nacional”, indicó el ministro Astudillo, en declaraciones desde la zona de intervención.
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En tanto, el jefe del Gabinete Ministerial sostuvo que el Ejecutivo mantiene como prioridad la lucha contra la criminalidad en los enclaves donde opera la minería ilegal. Las acciones, afirmó, forman parte de una estrategia de mayor escala para recuperar el control de regiones donde el crimen organizado ha logrado posicionarse con redes logísticas y armadas.
Puestos de control
Como parte del paquete de medidas anunciado, se prevé la implementación de un frente policial en Pataz que contará con una nueva infraestructura operativa: un edificio de cinco pisos que albergará de manera permanente a 180 efectivos de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas. El objetivo es garantizar una base sólida de operaciones para realizar patrullajes, retenes, inspecciones y despliegues ante situaciones de riesgo.
Desde abril, se pondrá en marcha el primero de tres puestos de control en los accesos principales al corredor minero. Estos puntos estarán dotados de personal especializado, equipamiento y tecnología para supervisar el tránsito de materiales, equipos y personas, con el fin de cortar el suministro de insumos químicos, dinamita, combustibles y maquinaria utilizada por operaciones ilegales.
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El Ministerio de Defensa confirmó, además, que se están evaluando nuevas acciones de interdicción para bloquear rutas clandestinas y destruir campamentos instalados por bandas delictivas. Estas operaciones se coordinarán con inteligencia policial y con el respaldo legal correspondiente, para intervenir no solo zonas de explotación ilegal, sino también centros de almacenamiento, transporte y procesamiento.
En paralelo, el Gobierno intensificará las acciones para incautar materiales extraídos de manera ilícita. Esta medida busca desincentivar el comercio informal de oro y otros minerales obtenidos fuera del marco legal, una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado en esta zona de La Libertad.
Seguridad, minería y crimen
Pataz se ha convertido en uno de los puntos más conflictivos del país en términos de seguridad, debido a la convergencia entre minería ilegal, presencia de organizaciones criminales y ausencia de un control estatal sostenido. Los atentados recientes contra trabajadores y patrullas de empresas mineras, como en el caso de Poderosa, han puesto en evidencia la gravedad del problema.
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Según datos extraoficiales, las organizaciones vinculadas a la minería ilegal operan con estructuras armadas que superan en número y capacidad logística a los destacamentos regulares de seguridad en varias zonas del corredor minero. Esta situación ha obligado al Estado a modificar su estrategia de intervención, priorizando el despliegue sostenido de fuerzas militares y policiales, con capacidad de permanencia y reacción rápida.
“El Gobierno está dando muestras claras de cuál es su prioridad. Creo que de esta manera vamos a lograr resultados positivos en los próximos meses”, señaló el ministro Astudillo, quien insistió en la necesidad de mantener un trabajo coordinado entre el Estado, las autoridades locales y el sector privado.