La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), quien está a punto de enfrentar un juicio oral por presuntos aportes millonarios de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar sus campañas electorales de 2013 y 2014, reapareció este lunes ante las cámaras y negó haber recibido sobornos de estas compañías.
“No he ‘coimeado’ a nadie (...) Mi juicio va a ser pronto. Entonces, ahí se va a establecer la verdad y podré hablar y dar a los medios de comunicación mi versión. Yo estoy impedida de conversar con los medios sobre mi caso. Después, cuando pueda hablar, lo haré”, declaró al programa Contracorriente de Willax TV.
La exalcaldesa, enfrentada a cargos por presunta organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros delitos, fue captada en la playa Arica, en Lurín, donde posee una residencia. “No estoy dando entrevistas a nadie”, respondió inicialmente cuando la reportera la alcanzó al bajar de su vehículo.
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La televisora también mostró imágenes de una piscina que Villarán construyó en el terreno posterior de su casa, la cual cercó para evitar que fuera visible públicamente después de que la Municipalidad de Lurín demoliera su anterior alberca. La destrucción fue ejecutada en marzo del año pasado. La Gerencia de Fiscalización de la comuna precisó que alrededor de 16 propietarios, incluida la familia Villarán, ocuparon ilegalmente la vía pública.
Posteriormente, el Poder Judicial apercibió a la exalcaldesa por no cumplir con uno de los requisitos establecidos en su condición de comparecencia con restricciones, debido a su ausencia en el control biométrico correspondiente a noviembre de 2023. Esta medida debía cumplirse cada 15 días desde julio de 2022.
El caso
El fiscal anticorrupción José Domingo Pérez ha solicitado una pena de 29 años de prisión para la exalcaldesa por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht y OAS para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y su reelección en 2014.
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En 2019, Villarán admitió haber recibido aportes de estas constructoras para financiar la campaña del “No a la revocatoria”, con la cual buscó “impedir que la mafia política se apoderara de Lima”, siempre según su versión. No obstante, aseguró que nunca favoreció a estas firmas a cambio de su respaldo económico.
“Cometí un grave error, permitir que empresas que tenían proyectos privados en la ciudad financiaran la campaña. Reafirmo lo que he dicho siempre: no hemos recibido coimas, ni hipotecado el interés público a empresas privadas”, escribió en ese entonces en su plataforma de Twitter.
Villarán también declaró que siempre fue consciente de las contribuciones de esas empresas a la campaña y que la decisión de aceptarlas la tomó junto con José Miguel Castro, su exgerente municipal.
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El exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, ratificó el apoyo y agregó que, además de los tres millones de dólares entregados para la campaña contra la revocatoria, Odebrecht le entregó otros cuatro millones para su postulación en 2014.
El juicio contra la exalcaldesa de Lima, que ya fue asignado a un tribunal de la Corte Superior Nacional, incluye a 20 personas naturales y 10 personas jurídicas. Entre las personas naturales se encuentran los exfuncionarios municipales José Miguel Castro, Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Del Mastro, Cecilia Lévano, Guillermo Loli, entre otros.
En cuanto a las empresas involucradas, se encuentran Lamsac, OAS, Odebrecht, Rutas de Lima, JW Thompson, entre otras.
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