Luego de que el canciller Elmer Schialer y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldaran la posible designación de Julio Demartini como representante del Perú ante el Vaticano, el Congreso de la República reaccionó con preocupación.
Si bien tanto el diplomático como el premier han evitado confirmar la existencia de una resolución firmada por la presidenta Dina Boluarte que oficialice el nombramiento, ambos han expresado su conformidad con esta eventual decisión y elogiaron las capacidades de Demartini.
“Lo he dicho en varias oportunidades, Julio ha sido un excelente compañero de trabajo, colega del gabinete. No hago sino creer que tuvo el altísimo desprendimiento de dar un paso al costado para no afectar la gobernabilidad ni la gestión de la presidenta Dina Boluarte”, declaró Adrianzén.
Sin embargo, pese al respaldo de sus excolegas, Demartini enfrenta una investigación por el escándalo de Qali Warma, debido a presuntas coimas que la empresa Frigoinca habría pagado para que sus conservas ganaran la licitación sin pasar los controles de calidad necesarios. Como consecuencia, productos contaminados habrían llegado a los beneficiarios del programa, afectando la salud de niños en situación vulnerable.
Ante este escenario, en el Congreso la posibilidad de que Demartini sea enviado a la Santa Sede generó rechazo. El congresista de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, comparó al funcionario con una “hostia envenenada” y sostuvo que, debido a los cuestionamientos en su contra, no debería representar al país en Roma.
“Eso es una barbaridad. Siendo el Vaticano tan sensible y existiendo acusaciones de corrupción, no puedes enviarle esa hostia envenenada a la Iglesia”, declaró ante los medios de comunicación.
Pedido a la Fiscalía
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, envió un oficio a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitando que se adopten las medidas necesarias para garantizar que la investigación del caso Qali Warma continúe sin interferencias.
En el documento, el parlamentario expresó su preocupación, señalando que la posible designación de Julio Demartini como embajador ante la Santa Sede podría ser una “maniobra política” para eludir las investigaciones en su contra. Burgos advierte que, debido a la inmunidad diplomática otorgada a los funcionarios acreditados ante el Vaticano, según lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), se dificultaría la recopilación de pruebas y se comprometería el avance del proceso.
“Esto implicaría que no podría ser procesado, investigado ni detenido por las autoridades peruanas mientras ejerza el cargo y esté acreditado en el país receptor. Asimismo, sus propiedades no podrían ser allanadas, ni sus documentos incautados, ni sus comunicaciones intervenidas sin autorización del país receptor o del propio Estado peruano, lo que obstaculizaría la obtención de pruebas en su contra y afectaría el desarrollo de la investigación”, señala el oficio enviado por Burgos.
¿Qué dijo el Canciller?
En una entrevista con RPP, Elmer Schialer afirmó que Julio Demartini no tiene, hasta el momento, ningún impedimento judicial que le prohíba salir del país. Además, descartó que su eventual designación como embajador ante la Santa Sede deba interpretarse como un “premio consuelo” tras su polémica salida del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, motivada por el escándalo del caso Qali Warma y nuevas denuncias por presunta interferencia en la investigación.
“Las embajadas no son un premio consuelo, él está absolutamente capacitado para ir a ese y cualquier puesto, se lo digo con toda sinceridad. Porque yo recuerdo haber escuchado lo siguiente, el ministro Demartini dijo: ‘Mire, presidenta, yo no tengo por qué salir del puesto porque en realidad yo no he hecho nada ilegal, todo es correcto, pero yo asumo el peso político de esto porque no quiero que esto manche su Gobierno. Así que [si] quieren que me vaya, yo me voy’. O sea, en realidad, incluso ha sido generoso al irse, no se ha ido obligado”, declaró Schialer.