El primer ministro Gustavo Adrianzén y el ministro de Educación, Morgan Quero, no acudieron este lunes (17.02.2025) a la Comisión Especial del Congreso, que los había citado para explicar el polémico cierre del Proyecto Especial Legado, creado para administrar las infraestructuras deportivas de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.
Adrianzén, quien ya había adelantado su ausencia el viernes pasado, explicó que no podría asistir debido a compromisos previos. "Me he excusado con el Congreso, estoy en labores ya programadas", comentó. En su lugar, el presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, acudió a la citación para responder a las preguntas de los legisladores.
El Proyecto Legado fue recientemente disuelto por decisión del Gobierno de Dina Boluarte, lo que ha suscitado críticas. Adrianzén aclaró que fue Federico Tong quien propuso la extinción de la institución, una medida que también fue respaldada por Morgan Quero. "Fue Tong quien propuso al Gobierno la extinción de Legado y el ministro Quero estuvo de acuerdo con esa decisión", explicó el primer ministro en una entrevista.
El Gobierno justifica la eliminación del Proyecto Legado como parte de una política de reorganización destinada a eliminar la duplicidad de funciones entre las entidades públicas. Según las autoridades, las responsabilidades de Legado serán asumidas por el IPD, que ya gestiona diversos aspectos del deporte en Perú. Adrianzén destacó que la preparación para los Juegos Panamericanos Lima 2027 está muy avanzada, asegurando que "los Panamericanos Lima 2027 tienen gran parte de la ejecución ya realizada", y desmintió los temores sobre la capacidad del país para cumplir con los compromisos internacionales.
A pesar del respaldo del Ejecutivo, el cierre de Legado ha provocado la oposición de varios legisladores, quienes han expresado su preocupación por la posible afectación en la organización de los eventos deportivos y la gestión de las infraestructuras clave para el evento panamericano. Morgan Quero, al ser consultado sobre las reacciones negativas, manifestó que tiene "la mejor disposición para dialogar con los congresistas que consideren oportuno tener reuniones de trabajo".
La transferencia de responsabilidades del Proyecto Legado al IPD ya está en marcha. El Gobierno ha establecido un plazo de 30 días para que se concrete la entrega de las instalaciones deportivas que Legado administra en Lima, incluyendo tres polideportivos, un centro acuático, un velódromo, un estadio atlético y varios centros de alto rendimiento.
El Ejecutivo asegura que la reorganización no afectará el desarrollo de los próximos eventos deportivos internacionales, incluidos los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho 2025. El proceso de transferencia será supervisado por una comisión especial conformada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, el IPD, el Ministerio de Educación y el propio Proyecto Legado.
¿Por qué el cierre del Proyecto Legado es perjudicial para el deporte?
La reciente decisión del Consejo de Ministros de cerrar el Proyecto Especial Legado ha desatado controversia, especialmente por el manejo de un presupuesto millonario. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, Legado dispone este año de más de 139 millones de soles, mientras que los fondos destinados a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 superan los 369 millones de dólares.
Con el cierre de Legado, estos recursos serán asumidos por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), una entidad que ha enfrentado fuertes críticas por su gestión deficiente de las infraestructuras deportivas y por investigaciones en su contra relacionadas con presuntos actos de corrupción. Las denuncias sobre el deterioro de sus instalaciones, especialmente en las regiones, plantean dudas sobre la capacidad del IPD para manejar estas nuevas responsabilidades.
El IPD también está siendo investigado por posibles vínculos con la organización criminal “Los Waykis en la Sombra”. Según los documentos del caso, se habría utilizado la institución para beneficiar intereses privados y políticos, lo que pone en duda la transparencia y eficacia de su gestión.