La presidenta de la república, Dina Boluarte Zegarra, quien es investigada por las muertes y violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las protestas al inicio de su gobierno, habló sobre el alcance de estas garantías fundamentales y cuestionó el trabajo de las ONG.
Durante la ceremonia de presentación de la Maestría en Derechos Humanos del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, la mandataria señaló que este programa está orientado a formar ciudadanos defensores del Estado de derecho y no “activistas extremistas”.
“Esta maestría es un compromiso con la defensa del Estado de derecho, la soberanía nacional y los principios de la democracia. No formamos burócratas, ni activistas extremistas. Formamos líderes con pensamiento crítico, arraigado con valores de personalidad individual y respeto por las instituciones tutelares”, señaló.
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La jefa de Estado hizo referencia a que la democracia es constantemente atacada “por ideologías colectivistas y estatistas”, que buscan “debilitar las bases de la sociedad”, por lo que se deben formar profesionales con la capacidad para “defender” la institucionalidad del gobierno.
Contra las ONG
Manteniendo la línea de su discurso, tampoco desaprovechó la oportunidad para criticar el trabajo de los organismos defensores de los derechos humanos y las ONG, a quienes acusó de priorizar la defensa de los criminales y abandonar a los efectivos de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, alertó sobre un presunto “uso indebido de los derechos humanos en diversos países”, señalando que en muchos casos este concepto ha sido empleado para justificar agendas que “socavan la seguridad, desestabilizan la democracia y debilitan la soberanía nacional”.
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Según la mandataria, la visión de su gobierno es clara: los derechos humanos deben garantizar la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin que se utilicen como excusa para promover el caos o la impunidad.
Informe de Amnistía Internacional y leyes del Congreso
La postura de la presidenta Dina Boluarte en cuanto a la protección y defensa de los derechos humanos ha generado controversia desde el inicio de su mandato. Esto se debe, en gran parte, a la respuesta del Ejecutivo tras las muertes ocurridas durante las protestas debido a la represión policial.
En lugar de reconocer la magnitud de los hechos, el gobierno optó por construir un discurso en contra de los manifestantes, calificándolos en varias ocasiones como “violentistas”, “separatistas” e incluso “terroristas”. A pesar de que en su mensaje a la Nación de 2023 la mandataria ofreció disculpas, hasta la fecha no ha asumido la responsabilidad y solo ha justificado los excesos cometidos.
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Según un informe de Amnistía Internacional, tanto la presidenta como sus ministros podrían enfrentar responsabilidad penal por graves violaciones a los derechos humanos. El organismo señala que fueron decisiones tomadas por la mandataria las que desencadenaron los fatales eventos. “La presidenta, los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales”, indicó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, durante la presentación de dicho documento.
A esto se suma nula oposición a los proyectos de ley aprobados por el Congreso de la República que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, pese a los llamados de organismos internacionales, el gobierno no observó la norma que otorga amnistía a los sentenciados por delitos de lesa humanidad.