El congresista Edgar Tello anunció este miércoles que retiró su firma de dos proyectos de ley relacionados con la “restitución al médico cirujano de la exclusividad del acto médico” y con la “definición del acto médico”, iniciativas legislativas alineadas a demandas del Colegio Médico del Perú (CMP), que rechaza la Ley N.º 32210 por reconocer los procedimientos realizados por odontólogos.
A través de sus redes sociales, Tello explicó que su decisión se basa en la intención de “evitar que se prive a la población peruana del derecho a ser atendida por un cirujano dentista especializado en cirugía bucal y maxilofacial en emergencias”.
Además, indicó que el decano del CMP, Pedro Riega, buscaría la derogación de la ley “con el fin de monopolizar el ámbito laboral de la salud para médicos cirujanos con especialidad en cabeza y cuello, sin considerar las consecuencias negativas que esto tendría para la atención especializada de los pacientes”.
Yener López, asesor del legislador, aclaró que, conforme al artículo 76 del reglamento del Congreso, el retiro de la firma provoca que los proyectos no cumplan con el requisito de contar con al menos seis rúbricas, lo que impide su continuación.
Además, indicó que la sesión programada para este miércoles a las 8:30 horas en la Comisión de Salud del Parlamento, en la que se debatiría la “definición del acto médico”, perdería validez, lo que obligaría a suspenderla y a redactar un nuevo informe técnico, siempre según su declaración.
En diálogo con Infobae Perú, el decano del Colegio Odontológico de Lima, José Rojas Rueda, celebró que Tello haya retirado sus firmas, ya que “es un reconocimiento de que posiblemente hubo una equivocación al tratar de apoyar” las iniciativas.
Rojas explicó que se coordinó con congresistas y se les detalló que “esta actitud de los médicos es que están desinformando” y que se busca garantizar que la ley beneficie a la población sin perjudicar a otros profesionales. “Lo más importante es que se dé el diálogo con los mismos médicos cirujanos para que podamos sentarnos en una misma mesa para aunar posturas”, dijo.
“Esta ley no nos quiere hacer médicos, no nos autoriza a hacer cirugías plásticas, para nada. Lo que más bien buscamos es que la población tenga ese derecho, que ante una emergencia, nos atienda un especialista como corresponde”, añadió.
Marcha en respuesta al CMP
También anunció una movilización para este viernes 7 de febrero, la cual partirá desde la Plaza San Martín hacia el Congreso, con el objetivo de “exigir una atención de calidad para los pacientes” y mostrar el rechazo del Colegio Odontológico a las “frases discriminatorias” dirigidas hacia su gremio por parte del CMP. “Va a ser una marcha mucho más grande de médicos por la dignidad de nuestra profesión”, indicó.
Rojas expresó que, independientemente de que se suspenda o no la reunión con la Comisión de Salud, su gremio buscará tender el diálogo. “Estamos exigiendo nuestra participación en la mesa de trabajo de la Comisión de Salud, porque finalmente somos los más perjudicados y comprometidos directamente. No hemos dado opinión, ni los ministerios de Salud y Trabajo. Es ilógico que quieran hacer un informe a su medida; eso sería perjudicial para el país, el gremio, los pacientes, y estarían usando su cargo en beneficio personal”, concluyó.
Entre las principales disposiciones de la Ley N.º 32210, publicada en el Peruano en diciembre pasado, destaca la modificación que establece que el trabajo del cirujano dentista se reconoce como “la práctica médica que se sustenta en el ejercicio del acto médico en odontoestomatología”, bajo la responsabilidad ética, moral y legal de los efectos derivados de su ejercicio. Además, amplía el derecho de los cirujanos dentistas a acceder a cargos administrativos en igualdad de condiciones con otros profesionales de la salud.
Anteriormente, el decano del CMP había expresado su preocupación por la aprobación de esta norma al argumentar que podría llevar a algunos odontólogos que “realizan procedimientos médicos de manera ilegal” a considerarse médicos. Para Riega, esto representa un riesgo grave porque estos profesionales carecen de la certificación necesaria y “solo un médico está capacitado para determinar la necesidad de un procedimiento médico”.