Una nueva propuesta legislativa busca reforzar las medidas contra la inseguridad ciudadana en el Perú mediante la expulsión inmediata de extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. El congresista Miguel Ciccia, integrante de la bancada de Renovación Popular, presentó un proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1350, el cual regula las normas de migraciones en el país.
La iniciativa plantea cambios específicos en el artículo 58 del mencionado decreto, con el objetivo de incluir la expulsión de extranjeros que hayan cometido una amplia gama de delitos. De conseguir consenso, el artículo quedaría escrito de la siguiente manera: “Son expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos: los que sean detenidos en flagrancia realizando delitos contra el patrimonio; con la seguridad y la tranquilidad pública; contra el orden económico, financiero y monetario; contra la fe pública; contra el Estado y la defensa nacional; contra la humanidad y delitos ambientales y tributarios”.
El proyecto de ley ha sido derivado a dos comisiones del Congreso para su evaluación y dictamen: la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Ambas instancias tendrán la tarea de analizar la viabilidad de la propuesta, así como su impacto en el marco legal vigente y en la política migratoria del país. Luego, quedará en manos del pleno del Congreso y, de obtener luz verde, la eventual promulgación por parte del Ejecutivo.
Ante los eventuales señalamientos de discriminación, la propuesta de Miguel Ciccia aclara que la medida no vincula migración con criminalidad, destacando que la situación de irregularidad migratoria no implica o conlleva a presumir per se que esté inmersa a la comisión de delitos.
“En tal entender, la presente propuesta pretende regular con la sanción de expulsión para aquellos migrantes que se encuentren inmersos en detenciones policiales por flagrancia delictiva, contexto fáctico que pone en riesgo no solo la seguridad ciudadana, sino el orden interno, seguridad nacional, propiedad, etc. [...] En la medida que avalar la permanencia de extranjeros sin poder expulsarlos cuando se encuentran en situación de detención en flagrancia no resultaría justo ni equitativo respecto a los ciudadanos que sólo se encuentran con el estatus irregular dentro del país”, se lee.
La propuesta se dio luego de que el alcalde de Lima y líder del partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, invocara a la presidenta Dina Boluarte a implementar de manera inmediata la deportación de extranjeros indocumentados en el país. Según declaraciones realizadas durante un acto oficial en el distrito de San Juan de Lurigancho, el burgomaestre advirtió que la inacción del Ejecutivo podría derivar en medidas más extremas, como la vacancia presidencial. Afirmó que en Perú habría cerca de 500.000 extranjeros en situación irregular, lo que, según él, representa un problema de seguridad y convivencia.
El alcalde relató un caso que, en su opinión, ilustra la gravedad de la situación. Según su testimonio, una mujer le habría contado entre lágrimas que un extranjero ingresó a su vivienda y robó la computadora que su hija utilizaba para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. López Aliaga señaló que el presunto responsable sería un ciudadano venezolano, y aunque reconoció que hay venezolanos que contribuyen positivamente al país, también afirmó que algunos han llegado a “reventarnos la vida”.
En ese sentido, cuestionó duramente la falta de acción por parte de la presidenta Boluarte y subrayó que ya existe una ley aprobada por el Congreso que permite la deportación de extranjeros sin permiso de residencia, pero que no se ha ejecutado. “Le reclamo a la señora presidenta, que seguramente me está mirando: hay una ley aprobada por el Congreso para deportar a personas extranjeras que no tienen permiso, ¿qué les falta? Nada. Sepa trabajar”, expresó.
El alcalde también propuso un operativo masivo para deportar a los extranjeros indocumentados. Según detalló, este plan incluiría el uso de autobuses para trasladar a estas personas hasta las fronteras del país. Insistió en que es necesario actuar con firmeza para garantizar la seguridad de los ciudadanos peruanos.