La ocupación ilegal de viviendas en España es un problema creciente, y el caso de Carabanchel, en Madrid, lo ha puesto nuevamente en el foco de la controversia. En un exclusivo condominio de la calle Excelente, 28 apartamentos fueron tomados por familias peruanas que aseguran haber sido estafadas por una mafia de ocupación, mientras los vecinos y propietarios denuncian un deterioro en la convivencia y una respuesta insuficiente de las autoridades.
Desde diciembre de 2024, alrededor de 120 connacionales viven en estos inmuebles ya que un supuesto intermediario les prometió un alquiler legal. Sin embargo, cuando la inmobiliaria Vivenio intentó desalojarlos, se descubrió que no existían contratos legítimos y que las viviendas habían sido ocupadas fuera de la ley. Los okupas, en su defensa, afirmaron que fueron engañados y que solo buscan un lugar donde vivir.
La urbanización de Carabanchel, equipada con piscina, gimnasio y áreas recreativas, se ha convertido en un epicentro de tensión. Los inquilinos legales, que pagan hasta 1.500 euros de alquiler, sienten que han sido abandonados por las autoridades. Han denunciado robos, vandalismo y constantes fiestas ruidosas organizadas por los ‘okupas’, quienes además han instalado su propio conserje para gestionar el acceso a los apartamentos.
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A pesar de los intentos de la inmobiliaria por restringir el acceso, las leyes españolas impiden cortar los suministros básicos a los residentes irregulares, lo que dificulta su desalojo. El problema se enmarca en un vacío legal que permite a los okupas quedarse en una vivienda hasta que se complete un proceso judicial, que puede tardar hasta 24 meses.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistió en la necesidad de reformar la normativa para permitir desalojos en un máximo de 48 horas. “No podemos permitir que las mafias se aprovechen de los vacíos legales”, sostuvo.
Pagaron hasta 3 mil euros por los departamentos
Los ‘okupas peruanos’ en Carabanchel argumentan que fueron estafados por una mafia que toma como representante ‘El Gitano’, un hombre de nacionalidad española que, según testimonios de los propios afectados, fue el responsable de proporcionarles las llaves de los apartamentos y les garantizó acceso a todas las áreas comunes del complejo
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Según Siomara, una de las personas que viven junto a su familia de manera ilegal una de estas viviendas, firmaron un contrato tras el pago de 3 mil euros, por lo que no sabían que se encontraban en una situación irregular.
Como ella, varios de los ‘okupas’ temen perder el dinero invertido, por lo que un sector de los afectados ahora exige entre 10.000 y 15.000 euros para abandonar los departamentos, lo que para los vecinos equivale a una extorsión.
El caso de Carabanchel evidencia la creciente problemática de la ocupación en España, donde mafias organizadas facilitan el acceso a viviendas deshabitadas a cambio de pagos en efectivo, dejando a los afectados en un limbo legal. Mientras los ‘okupas’ insisten en que fueron víctimas de estafa, los vecinos y la inmobiliaria enfrentan un proceso largo y complejo para recuperar los inmuebles.
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