La Junta de Fiscales Supremos aprobó la renuncia de Freddy Christian Niño Torres, quien fue parte del desaparecido Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop). Hasta su dimisión, el funcionario se desempeñaba como fiscal adjunto provincial especializado en delitos de lavado de activos y pérdida de dominio en el Distrito Fiscal de Lima.
La resolución firmada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y publicada en el Diario Oficial El Peruano indica que Niño Torres presentó su carta de renuncia el pasado 13 de diciembre de 2024 y alegó “razones estrictamente personales” ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, que a su vez remitió la misiva a la titular de la entidad.
Sin embargo, hay que recordar que ese mismo día, Espinoza dejó sin efecto el nombramiento de Marita Barreto como coordinadora el Eficcop y dispuso que el personal fiscal y administrativo que integraba este equipo pase a la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
El 17 de diciembre, el funcionario pidió que su solicitud se vea con celeridad y su renuncia se haga efectiva el 1 de enero de 2025. Es así que la Junta de Fiscales Supremos, en una sesión extraordinaria realizada el pasado 28 de diciembre, acordó aceptar la dimisión de Niño Torres y ordenó remitir la resolución a la Junta Nacional de Fiscales para los procedimientos administrativos correspondientes.
Freddy Niño Torres fue nombrado fiscal adjunto provincial especializado en delitos de lavado de activos y perdida de dominio (supraprovincial corporativo) de Lima del Distrito Fiscal de Lima por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura en el 2017.
Casos
Durante su paso por el Eficcop, el fiscal Freddy Niño Torres participó en investigaciones de alto perfil, como el caso Valkiria, que involucra a la destituida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y una presunta red criminal dentro del Ministerio Público.
También tuvo un rol clave en el caso Fondo Mivivienda, que indaga el presunto pago de sobornos por parte de la empresaria Sada Goray a funcionarios del Ministerio de Vivienda para beneficiar a su empresa, Marka Group, en licitaciones públicas. Estos hechos de corrupción habrían ocurrido en la gestión de Pedro Castillo.
Durante la audiencia en la que el Ministerio Público sustentó su pedido de 36 meses de prisión preventiva, Goray no ocultó su rechazo hacia el fiscal, lanzándole miradas y gestos de desaprobación. Su primera reacción se dio cuando Niño Torres afirmó que ella, junto al periodista Mauricio Fernandini y otros procesados, formaba parte de una organización criminal jerarquizada dentro del sector.
Un episodio similar ocurrió más adelante, cuando el fiscal la señaló como “integrante, coordinadora y operadora” de la citada red criminal
Cambios en el Ministerio Público
Con la llegada de Delia Espinoza al liderazgo del Ministerio Público, se han implementado una serie de cambios que han generado cuestionamientos tanto dentro de la institución como en la opinión pública.
El primero fue la designación de Víctor Cubas como vocero oficial, acompañada de una directiva que prohíbe a los fiscales brindar declaraciones a los medios de comunicación.
Luego, se produjo la remoción de Rafael Vela y Jorge Chávez Cotrina como coordinadores de las fiscalías de Lavado de Activos y contra el Crimen Organizado, respectivamente.
Finalmente, se dispuso la desactivación del Eficcop, cuyos integrantes fueron reubicados en otras áreas para continuar con las investigaciones.
Respecto a su relación con el Congreso de la República, al igual que su predecesor, continúa tensa. Recientemente, Espinoza presentó una denuncia constitucional contra 11 parlamentarios por presuntamente haber impulsado un dictamen que favorecía con doble sueldo y pensión a los funcionarios que fueron parte de las Fuerzas Armadas y la PNP.