En medio de un contexto marcado por el aumento de la criminalidad en el Perú, la presidenta Dina Boluarte destacó que su Gobierno, a través de las acciones del Ministerio del Interior, está próximo a desbaratar a la organización criminal conocida como ‘El Tren de Aragua’. Incluso, hizo un llamado a la Fiscalía y el Poder Judicial para que “no los suelte”. Sin embargo, sus expresiones han sido cuestionadas por la Fiscalía y distintos alcaldes, quienes aseguran que la realidad es otra.
En entrevista con Canal N, el vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, desmintió que la peligrosa banda criminal haya sido desarticulada, y enfatizó que las cifras de criminalidad en el país reflejan una situación muy diferente a la que describe el Gobierno. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en los primeros 28 días del año se registraron 151 homicidios en el Perú, con Lima, La Libertad y Callao como las regiones más afectadas.
“Yo creo que la realidad lo desmiente, y mientras a nivel político la señora presidenta ha hecho una afirmación de que el país está totalmente pacificado, la realidad demuestra todo lo contrario”, afirmó Cubas, subrayando la gravedad de la situación actual.
A esa posición se sumaron Jesús Maldonado, alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL); Felipe Castillo, burgomaestre de Los Olivos y Franco Vidal, a cargo del distrito de Ate. El primero de ellos consideró que la expresión de la jefa de Estado no refleja las cifras de criminalidad en Lima, porque las bandas criminales son múltiples. “Desbaratan una organización que tiene una extensión transnacional e inmediatamente nacen otras dos más. Es un problema que no ha podido solucionar ni la Policía, ni la Fiscalía, ni el Poder Judicial, ni ningún gobierno. En mi distrito hay organizaciones criminales nacionales, extranjeras, mixtas, que están esperando que determinados negocios nazcan de nuevo para extorsionarlos”, señaló en entrevista con Perú 21.
Por su parte, Castillo subrayó que, al contrario de lo que afirmó la mandataria, “en este momento, la delincuencia criminal está avanzando, ganando espacio en el país, en Lima Norte, en Los Olivos”. “Hay organizaciones criminales internacionales, como el Tren de Aragua, que son complejas, cuando sus miembros son detenidos o encarcelados son rápidamente reemplazados por otros. Son organizaciones muy complejas que no son fáciles de eliminar o desarticular”, acotó al medio en mención.
En tanto, Vidal advirtió que las comisarías de su distrito no se dan abasto para proteger a la población y se sumó a los cuestionamientos a las expresiones de Boluarte. “Si el Tren de Aragua estuviera siendo desmantelado, como se menciona, no habría extorsiones. En Ate Vitarte estamos haciendo todo lo posible. Instalamos cámaras, adquirimos chalecos antibalas, camionetas, motos, etc. Pero si no hay un trabajo organizado y serio de parte de la Policía, que desarticule estas bandas desde la cabeza, esto no va a servir”, expresó a la prensa.
Cabe mencionar que, luego de advertirse su error, la mandataria volvió a referirse al Tren de Aragua, asegurando que no los doblegaría, exponiendo indirectamente que están en una lucha directa y no desbaratada, como lo había expresado. “Para ellos el destino es uno solo: el penal de challapalca desde donde no podrán hacer daño a nadie en nuestra sociedad. [...] Hace un tiempo dije ‘les estamos respirando en el cogote’ y estamos ahí, pero tenemos que dar golpes más certeros”, resaltó.
El Tren de Aragua: una amenaza persistente
‘El Tren de Aragua’ es una organización criminal de origen venezolano que se ha expandido a varios países de América Latina, incluido el Perú. Este grupo es conocido por actividades como el sicariato, la extorsión y el tráfico de personas, lo que lo convierte en una de las bandas más peligrosas de la región.
El aumento de los homicidios en el Perú, especialmente en las principales ciudades, pone de manifiesto la necesidad de estrategias más efectivas para enfrentar el crimen organizado. Las cifras reportadas por el Sinadef no solo reflejan un incremento en la violencia, sino también la urgencia de coordinar esfuerzos entre las distintas instituciones del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos.