Personas, familias y empresas, toman decisiones. Estas obedecen a, entre otros factores, las expectativas, percepciones o sensaciones, el término que quieran utilizar, sobre el devenir en un determinado periodo de tiempo. Es la manera regular con la que nos desenvolvemos en nuestro entorno, de tal manera que optimicemos los recursos con los que contamos, más aún cuando tenemos certeza de lo que tenemos en frente.
La última Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), da cuenta de caídas en las expectativas empresariales sobre el desempeño de la economía a 3 y 12 meses. De acuerdo con BBVA Research, las perspectivas sobre la confianza empresarial podrían deteriorarse, debido a tensiones políticas y sociales, el aumento de la delincuencia, el crimen organizado y las economías ilegales. A ello se le suma el debilitamiento de las finanzas públicas y un escenario electoral adverso a las ideas de libre mercado: mayor acercamiento al populismo y discursos antiempresa.
Una reciente encuesta de Ipsos, elaborada por encargo de Apoyo Consultoría, da cuenta que el 63% de peruanos percibe que el Perú está retrocediendo, siendo una de las percepciones más pesimistas desde 1991. El deterioro político e institucional estaría alimentando la sensación de retroceso en el país, lo que ha reducido la capacidad de las autoridades para atender las demandas de la población. Esto, más allá de una sensación, es una realidad.
Las políticas para combatir la inseguridad ciudadana no están dando resultados. Las declaraciones de Estado de Emergencia resultan improductivas. El hampa actúa despreocupado, porque sabe que nadie se hace cargo. Así, familias y empresas invierten recursos para sentirse más seguros, cuando estos deberían ser dirigidos hacia mejorar la calidad de vida de las personas y la productividad de nuestra economía. Ni que decir de la corrupción, diseminada por todo el país y que genera pérdidas por más de S/ 24,000 millones anuales, según cifras de la Contraloría General de la República. Esta afecta negativamente el bienestar de la población en todo sentido.
Si a esto le sumamos la falta de capacidades de la administración pública para traducir recursos en servicios de calidad, tenemos el caldo de cultivo perfecto para detonar discursos antisistema. De las 1,891 municipalidades provinciales y distritales a nivel nacional, 230 registraron una ejecución menor al 30% de su presupuesto asignado para inversión pública en 2024, según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Las municipalidades son las que conocen de cerca las urgencias de su población, pero no estarían cumpliendo su función primigenia de satisfacer necesidades básicas como saneamiento, seguridad, entre otros. Este escenario se repite todos los años.
Sin confianza ni seguridad se hace difícil apostar por un emprendimiento o inversiones a largo plazo. Perdemos competitividad y productividad frente al resto del mundo desde hace algunos años. En el último Ranking de Competitividad Mundial 2024, elaborado por Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial de Suiza (IMD, por sus siglas en inglés), el Perú alcanzó el puesto 63 de 67 países evaluados. Un retroceso de 8 ubicaciones con respecto al rankingde 2023, y de 32 con respecto al de 2008, cuando alcanzamos el puesto 35 de 55 evaluados.
Esto es así. No solo se percibe que estamos retrocediendo. Realmente estamos retrocediendo. Pasan presidentes, gobernadores regionales y alcaldes, pero la situación no cambia. En el colmo de males, para la presidenta el Perú “ha recuperado su tranquilidad”. Eso solo evidencia la falta de empatía con la población.