El atentado del 20 de enero contra la sede del Ministerio Público en Trujillo no solo puso en evidencia la creciente amenaza de la criminalidad organizada, sino también tensiones latentes entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior (Mininter). Las discrepancias entre ambas instituciones han escalado tras la divulgación de información sensible sobre el caso, lo que ha generado cuestionamientos mutuos respecto a sus estrategias frente a la delincuencia.
El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que el ataque tuvo como propósito intimidar a la fiscal Ludeña, quien investiga a la organización criminal ‘Los Compadres’.
“El día de hoy fue dejado un artefacto explosivo en las instalaciones del Ministerio Público, específicamente, para amedrentar el trabajo de la señora fiscal, la doctora Ludeña, quien prontamente tiene a su cargo la sustentación de una ampliación de prisión preventiva contra una organización criminal llamada ‘Los Compadres’. (…) El líder, conocido como “Pequeño” se ha atribuido este accionar criminal enviando un mensaje desafiante que ya está en poder de las autoridades”, manifestó Santiváñez solo horas después del ataque.
Sin embargo, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, rechazó las declaraciones del ministro y le pidió mayor responsabilidad para dar detalles sobre una investigación que se encuentra en una etapa reservada. “Debemos ser más responsables con la información, que aún todavía tiene carácter reservado, porque estamos iniciando una investigación. No se puede estar revelando datos precisos de ningún extremo de la investigación (...) Tenemos que ser muy cuidadosos para no entorpecer las investigaciones”, enfatizó.
Por otro lado, surgieron discrepancias en torno al origen del artefacto explosivo utilizado en el ataque a la sede fiscal de Trujillo. Mientras Santiváñez aseguró que el atentado está vinculado a extorsiones, Espinoza afirmó que el explosivo procedía de actividades de minería ilegal, destacando que esto confirma la operación de la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las medidas preventivas.
Estas tensiones se han profundizado en un contexto de críticas cruzadas. Semanas antes del atentado, el Mininter cuestionó públicamente a un fiscal por la liberación de un presunto integrante de ‘Los Pulpos’; y días después, fiscales de Trujillo señalaron sentirse desprotegidos debido a la reducción de presupuesto asignado para su seguridad, como consecuencia, sufren amenazas de muerte.
“Desde el Mininter lamentamos la decisión del fiscal Denys Rivas Rodríguez, quien ordenó la liberación de Carlos Vásquez Ávalos, alias Chino Verde, un sujeto que fue detenido por la Policía Nacional por presuntamente pertenecer a la organización criminal Los Pulpos y tener un amplio prontuario delictivo. Expresamos nuestra preocupación por esta decisión y exhortamos a los organismos de justicia a trabajar en favor de la seguridad y en defensa de la ciudadanía”, decía un comunicado del Mininter en sus redes sociales.
Un nuevo video se suma a la investigación del atentado en Trujillo
En medio de esta controversia, las investigaciones continúan avanzando. Recientemente, un video captado por cámaras de vigilancia permitió identificar cómo se ejecutó la coordinación del ataque. En las imágenes, un taxi entrega el material explosivo a una camioneta, la cual lo transfiere a un motociclista. Este último llevó el artefacto hasta el frontis de la sede fiscal, donde detonó a las 12:39 a.m.
Hasta el momento, cinco personas han sido consideradas sospechosas por su presunta implicación en el atentado, entre ellos un ciudadano venezolano señalado como uno de los autores materiales. Pese a ello, la Fiscalía ha solicitado detención solo para dos de los implicados.