La Junta de Fiscales de La Libertad, liderada por su presidente, Luis Guillermo Bringas, demandó la restitución de la detención preliminar tras el atentado ocurrido en la sede principal del Ministerio Público en Trujillo. Enfatizó, además, que la falta de esta herramienta legal limita las acciones para capturar a los responsables de este tipo de hechos delictivos.
“Queremos hacer público nuestro llamado a que se reinstaure la detención preliminar para combatir legalmente atentados como este caso”, declaró en conferencia de prensa, para subrayar que actualmente no es posible detener a los sospechosos si estos son identificados después de 24 horas del acto delictivo.
El atentado, ocurrido la madrugada de este lunes 20 de enero, afectó gravemente la estructura de la sede institucional en Trujillo y causó lesiones a dos ciudadanos, quienes se encuentran fuera de peligro según el comunicado oficial del Ministerio Público. Además, se reportaron daños en equipos tecnológicos, ventanas y oficinas, lo que obligó a suspender las labores para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios.
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La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo inició una investigación para identificar y capturar a los responsables. Sin embargo, las autoridades del Ministerio Público insisten en que sin la detención preliminar es difícil actuar de manera inmediata, especialmente en casos donde se obtienen pruebas o identificaciones clave después de las primeras 24 horas.
En el comunicado emitido por el Ministerio Público, se destacó la necesidad de una colaboración estrecha con el Poder Legislativo para establecer una política de seguridad más eficiente. Asimismo, se reiteró la exigencia de reactivar la labor de inteligencia del Ministerio del Interior para prevenir nuevos ataques y proteger al personal fiscal que ha denunciado amenazas vinculadas a organizaciones criminales.
La posición del Ejecutivo
El primer ministro Gustavo Adrianzén respondió a las demandas del Ministerio Público y aseguró que el gobierno está comprometido a dotar a las fuerzas del orden de las herramientas legales necesarias para combatir el crimen organizado.
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Adrianzén explicó que, aunque la detención preliminar en casos de flagrancia sigue vigente, esta no cubre situaciones como la del atentado en Trujillo, donde los sospechosos podrían ser identificados tiempo después del hecho.
Aseguró, además, que el Ejecutivo presentará nuevamente esta propuesta legislativa al Congreso, con la expectativa de que sea aprobada pronto.
También informó que viajaría a Trujillo junto con el ministro del Interior, quien llegó a la ciudad horas después del atentado. Asimismo, anunció el despliegue de efectivos especializados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes permanecerán en la región para reforzar la seguridad.
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Material explosivo y crimen
El primer ministro también abordó la preocupación por el uso de explosivos en el atentado y señaló que la dinamita y otros materiales utilizados podrían provenir de actividades de minería ilegal. Según Adrianzén, la falta de control en la circulación de estos insumos está vinculada al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), desde donde algunos obtienen estos materiales de manera excesiva para luego venderlos en el mercado negro.
“La minería ilegal no solo afecta nuestras zonas andinas, sino que también está financiando actos delictivos en las ciudades”, advirtió. Agregó que este ataque podría estar relacionado con las capturas recientes de bandas criminales en la región, lo que habría motivado una respuesta violenta contra el Ministerio Público.
“Contra este flagelo”
Adrianzén hizo un llamado a la unidad entre las instituciones del Estado para enfrentar el crimen organizado y respaldó a los fiscales afectados por amenazas. “Esta no es una hora para señalar culpas, sino para actuar juntos contra este flagelo”, enfatizó.
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El presidente de la Junta de Fiscales de La Libertad también reiteró la urgencia de fortalecer las estrategias legales y operativas para proteger a los representantes del Ministerio Público y garantizar la justicia en casos de alto impacto. Por ahora, el clima de tensión y las amenazas contra el personal fiscal subrayan la necesidad de medidas inmediatas y coordinadas.
El 11 de diciembre del 2024, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley Nº 32181, que eliminó la detención preliminar en casos sin flagrancia. Esta decisión suprimió el inciso a) del artículo 261° del Código Procesal Penal, que facultaba a los jueces a ordenar detenciones preliminares en investigaciones por delitos graves con penas mayores a cuatro años, siempre que existiera riesgo de fuga u obstrucción de la justicia.
Es así que el pleno del Congreso aprobó el 14 de diciembre pasado el texto sustitutorio del proyecto de ley 9733, que propone restituir la imposición de la detención preliminar en casos de no flagrancia, tras los cuestionamientos del Ministerio Público. El dictamen establece que el juez de la investigación preparatoria, a requerimiento del fiscal, podrá dictar la detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero sí existan elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a 4 años.
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Cabe indicar que el viernes pasado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, adelantó que se observaría la norma que restituye la detención preliminar por temas técnicos.