Justo en el tiempo límite que tenía el Ejecutivo para decidir si promulgaba u observaba la ley que restituía la detención preliminar en casos de flagrancia; el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue el primero en indicar que la norma del Congreso sería observada.
Aunque inicialmente no dio motivos, ahora se sabe no solo que los argumentos para ello tendrían su origen en una publicación de su abogado defensor en el caso de los audios contra La Encerrona, Carlos Caro; sino que hubo un cambio de opinión sobre la competencia del Mininter para emitir una opinión al respecto y que finalmente fue un argumento clave para que la autógrafa no sea promulgada esta semana.
Una respuesta acelerada
Según informó el medio La Contra, el día 17 de diciembre del 2024, aproximadamente a las 3:00 p.m., la secretaria de la Secretaría del Consejo de Ministros, Magaly Villafuerte; solicitó al Ministerio del Interior que emita una opinión sobre la ley que restituía la detención preliminar. En su comunicación, solicitó que la respuesta sea enviada el mismo día.
Tres horas después, aproximadamente a las 6:00 p.m., Luisa Cueva, directora de la oficina de asesoría legal del Mininter, envió el Informe 002272-2024-IN-OGAJ, documento en el que se indicaba que “el sector interior no es competente para emitir opinión sobre la autógrafa de ley”. También se afirmaba que “los aspectos vinculados a la Política Criminal constituyen competencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sector al que se recomienda solicitar opinión”.
Aunque este informe inicial es citado en otros documetos oficiales, La Contra indica que el Informe 002272-2024-IN-OGAJ “ha desaparecido” de la base de datos del Ejecutivo.
El Mininter “cambió de opinión”
Más de dos semanas después, el pasado 6 de enero del 2025 a las 6:19 a.m., Carlos Caro, conocido por ser el abogado del ministro Juan José Santiváñez en casos que lo involucran como el de los audios contra el medio La Encerrona; hizo una publicación en su cuenta personal de X en la que hacía observaciones a la norma de detención preliminar y llamaba a realizar una “reforma” de la misma en casos de no flagrancia.
El mismo 6 de enero, en la noche, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirma en conversación con RPP que “la detención preliminar es una institución que ha sido mal utilizada en este país (...)”, un argumento en el que coincide con Caro Coria y que también fue mencionado en su publicación en la que indicó que “el gobierno sigue sin promulgar la Ley que restituye esta medida cautelar, no pocas veces aplicada de forma abusiva”.
Coincidentemente, al día siguiente, 7 de enero del 2025, Luisa Cueva emitió un nuevo documento, el Informe 0068-2025-IN-OGAJ, en el que cambiaba de parecer usando como argumento que toma en consideración “lo señalado por el abogado Dino Carlos Caro Coria, quien publicó un post en X relacionado con la reforma de la detención preliminar en casos de no flagrancia”.
Según La Contra, el pedido fue expresamente realizado por la secretaría general del Ministerio del Interior, a cargo de Anatoly Renán Bedriñana Córdova. Infobae Perú pudo conocer que él había sido nombrado en ese cargo el 17 de diciembre del 2024, el mismo día que se emitió el primer informe que declaraba al Mininter como ‘no competente’ para opinar sobre la autógrafa de ley. Su resolución fue emitida como parte de la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario El Peruano y tiene la firma del ministro Juan José Santiváñez.
Al día siguiente, el 8 de enero del 2025, el secretario general del Mininter, Anatoly Bedriñana, envió un mensaje a Magaly Villafuerte en la madrugada, a las 00:24 horas, en el que indica que “dejamos sin efecto la opinión remitida a su despacho (...) y trasladamos la opinión sectorial contenida en el Informe 0068-2025-IN-OGAJ”, precisamente el documento que recoge las opiniones de Caro, abogado del ministro del Interior y que había sido elaborado un día antes.
Carlos Caro: “Fue una opinión personal”
Infobae Perú se comunicó con el abogado del ministro Santiváñez, Carlos Caro, para saber si su defendido había realizado consultas sobre su posición con respecto a la norma promovida por el Congreso, pero indicó que ni siquiera conocía que su opinión había sido utilizada en un informe del Ministerio del Interior.
“Esa fue una iniciativa personal. Yo todo el tiempo estoy Twitteando, publicando mis comentarios sobre temas legislativos y jurisprudencial. Lo hice el 6 de enero. Lo mío fue una iniciativa privada estrictamente particular, no comentada con nadie. Eso (lel cambio de opinión del Mininter) es algo que tendrán que explicar los que han hecho ese informe, yo ni siquiera lo conozco ni sé de qué informe me habla”, afirmó el abogado