La situación crítica que vive el Perú en términos de inseguridad ciudadana ahora es noticia internacional por la forma en la que las organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato han tomado el control de sectores completos de la economía del Perú y que han afectado a personas dedicadas a conducir buses, barberos y escuelas.
En un artículo titulado “Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos”, el medio estadounidense Financial Times hace un recuento de las consecuencias que ha tenido el incremento de la criminalidad en la ciudadanía, resaltando casos como el del sector de transportistas, empresarios, e incluso barberos, que motivaron movilizaciones y protestas pacíficas en las que se exigió al gobierno de la presidenta Dina Boluarte tomar acciones eficaces para luchar contra la actividad de delincuentes en el Perú.
De hecho, uno de los factores mencionados por el Financial Times como parte del problema de inseguridad ciudadana es un “vacío de poder político” causado por la alta rotación de presidentes con seis personas ocupando Palacio de Gobierno en pocos años.
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“Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político (...)”, se lee en el artículo, que además indica que analistas consideran que una explicación al ‘boom’ criminal en el Perú podría deberse a hechos ocurridos en otros países de la región, como Colombia (desmovilización de las FARC-EP) e incluso Venezuela (expansión de pandillas).
A esto hay que sumarle un aspecto clave: la economía de estos sectores criminales llegó a tal nivel que incluso supera los recursos económicos de ministerios completos, precisamente aquellos encargados de mantener la seguridad como Interior y Defensa, además de entidades del Estado encargadas de la administración de justicia.
“El gran problema que tenemos ahora en Perú es que la enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”, indicó Ricardo Valdés, ex viceministro del Interior al medio norteamericano.
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2024: Extorsión en aumento en el año más sangriento
Aunque el ministro del Interior, Juan José Santiváñez -quien no aceptó una entrevista con Financial Times- niega que las cifras de víctimas de homicidios reportadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) sea la correcta, el medio internacional las recoge e indica que el año 2024 fue el año más sangriento para el Perú con más de 2 mil asesinatos; superando así los 1,431 registrados en el 2023.
No solo eso, sino que además se reafirma que la extorsión en el Perú durante el año 2024 se encuentra a niveles del año anterior, pero con la diferencia que analistas consultados por la publicación indican que para este año, la gran mayoría de casos no se han denunciado “por temor a represalias”.
Esto también impacta en uno de los principales argumentos que sostiene el ministro Santiváñez para afirmar que la cifra de víctimas de homicidio no son las registradas por el Sinadef. Según él, los datos del Sistema de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) indican una menor cantidad, pero estas entran en conflicto con el registro del sistema del Ministerio de Salud, el cual fue defendido por el ministro César Vásquez.
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Extorsionadores con acceso a datos hackeados
“Los delincuentes también encuentran información sobre empresas e individuos para usarla en redes de extorsión, navegando en las redes sociales o comprando información hackeada en el mercado negro”, indicó Valdés a Financial Times.
Además, se hace eco sobre el impacto que la actividad de los extorsionadores tiene en sectores como el de emprendedores
“Al perseguir a los choferes, están generando un caos generalizado y ansiedad en todo el sector”, dijo el empresario. “Porque si no tienes choferes, ¿qué sentido tiene que una empresa tenga la flota de buses o una concesión para operar la ruta?”, aseguró Fernando Núñez, un conductor de bus entrevistado por el medio.
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Factor clave: las leyes promovidas por el Congreso
El medio internacional también indicó que uno de los motivos para este incremento de la criminalidad sería un impulso generado por normas promovidas desde el Congreso y que beneficia a delincuentes, como la modificación de grupos considerados parte del crimen organizado.
“El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso en lugar de seguridad tenemos corrupción, y esto es algo que Boluarte como presidente está permitiendo, así que obviamente queremos que se vayan todos”, afirmó José León, un transportista entrevistado por Financial Times.