Este martes, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, condenó enérgicamente las declaraciones del alcalde de Comas, Ulises Villegas, quien en un video publicado en sus redes sociales comparó al Parlamento con un prostíbulo.
En su pronunciamiento, Salhuana señaló que las palabras de Villegas denigran tanto a las trabajadoras del Congreso como a la institución misma. Además, exigió un respeto absoluto hacia el Poder Legislativo.
¿Qué dijo el alcalde de Comas?
El incidente tuvo lugar cuando Villegas, frente a un prostíbulo clausurado en el distrito de Lima Norte, realizó comentarios que muchos consideraron ofensivos. En su video, el alcalde sugirió que, al igual que el establecimiento cerrado, el Congreso debería ser sometido a un “cierre simbólico” debido a lo que él percibe como un “deterioro moral”.
Durante el clip, Villegas también vinculó a “las chicas alegres de la vida” con la actividad parlamentaria, haciendo referencia, de manera indirecta, a presuntas irregularidades dentro de la institución.
El burgomaestre también expresó su preocupación por la inacción del Congreso frente a delitos como la extorsión y el sicariato. En el video, Villegas expresó: “Espero también adiós al prostíbulo de los congresistas y al Congreso de la República”.
Sus declaraciones fueron interpretadas por diversos sectores como un ataque directo hacia el Congreso en un contexto ya tenso debido a los cuestionamientos previos sobre la transparencia y moralidad del órgano legislativo.
Estas palabras también se dan en un momento delicado, tras el caso mediático de presunta corrupción vinculado al Congreso, relacionado con la muerte de una joven abogada que trabajó como asesora parlamentaria y destapó posibles vínculos con redes de explotación sexual.
Un asesinato y una presunta red de prostitución en el Congreso
La muerte de Andrea Vidal Gómez, una joven abogada de 28 años y extrabajadora del Parlamento, ha destapado presuntas actividades ilícitas dentro del Congreso. Vidal fue asesinada por sicarios el pasado 9 de diciembre en el distrito de La Victoria, cuando más de 40 disparos impactaron el taxi en el que se trasladaba.
Según investigaciones periodísticas, Vidal habría contactado, bajo órdenes de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, a modelos para contratarlas en cargos ficticios que encubrían servicios sexuales dirigidos a funcionarios.
Tras el escándalo, Torres Saravia fue destituido inmediatamente, y el Congreso inició una investigación interna para esclarecer los hechos. Paralelamente, un grupo de legisladores solicitó el cese de Giovanni Forno Flórez, oficial mayor del Parlamento, por su supuesta vinculación con esta red y la falta de transparencia en su gestión. Sin embargo, Forno rechazó las acusaciones y aseguró que se están dando todas las facilidades al Ministerio Público para la investigación, incluida la revisión de oficinas, cámaras de seguridad y documentos.
El caso también ha puesto bajo escrutinio la gestión del expresidente del Congreso, Alejandro Soto, ya que los presuntos actos delictivos habrían comenzado en enero de 2024, cuando él dirigía la Mesa Directiva. Soto ha deslindado responsabilidades.