Un nuevo derrame de petróleo fue registrado en la corta norte del Perú, en la región de Piura. Aunque la empresa aseguró haber controlado la situación de inmediato, el impacto ya se extiende a cuatro playas: Las Capullanas, Lanchón, Palizada y La Bola. Si bien existe una ley con el objetivo de estructurar una respuesta efectiva ante emergencias ambientales, no puede ser aplicada por la falta de reglamentación.
Se trata de la norma N° 32106, promulgada en el diario El Peruano el pasado 8 de agosto, con las firmas de la jefa de Estado y el premier Gustavo Adrianzén. Si bien el texto menciona que el Poder Ejecutivo debe aprobar el reglamento “en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su publicación”, todavía no existen noticias sobre ello.
Tal como había adelantado Infobae Perú en febrero de este año, Dina Boluarte es la presidenta con más leyes sin reglamentar en los últimos ocho años, hecho que refleja, de acuerdo a los constitucionalistas Christian Guzmán y Hugo Mendoza, ineficacia e incluso incumplimiento de su mandato regulado en el artículo 118 de la Carta Magna.
Fuera de lo que representa para la deteriorada imagen del Ejecutivo la no reglamentación, lo preocupante es que el vacío normativo retrasa la creación de protocolos específicos para actuar en casos de emergencias como este derrame, dificultando la articulación entre distintas instituciones responsables y afectando a ecosistemas vulnerables; sobre todo al disponer la derogación de la anterior Ley 28804.
Al respecto, el congresista Arturo Alegría remitió un oficio al titular del Ministerio del Ambiente, Juan Carlos Castro Vargas, alertando del hecho. “Hace más de cuatro meses se publicó la Ley de declaratoria de emergencia ambiental; sin embargo, aún no cuenta con la reglamentación aprobada. Esta ley fue planteada como respuesta ante la emergencia ambiental ocurrida en Ventanilla en el año 2022, en la cual el Estado, como principal responsable de conducir la política de protección ambiental y de remediación de daños ocasionados, actuó de manera deficiente y con evidentes demoras”.
“La tragedia de Ventanilla nos dejó una valiosa lección: en una emergencia ambiental, cada minuto cuenta. Hoy, la bahía de Lobitos necesita una respuesta inmediata y eficiente”, resaltó y solicitó información detallada sobre las acciones inmediatas que desplegó la cartera para evaluar la magnitud del derrame, así como las medidas de respuesta rápida adoptadas para contener la propagación.
Hasta el momento, ni Dina Boluarte ni los integrantes del gabinete ministerial se han pronunciado sobre el tema. En las cuentas institucionales solo se han compartido las publicaciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente.
Según informó el OEFA, en coordinación con la Capitanía de Puerto de Talara (Dicapi), vienen supervisando la emergencia, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar una respuesta adecuada ante la emergencia ambiental, así como la imposición de medidas administrativas.
En paralelo, la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Sullana dispuso abrir una investigación preliminar contra la Empresa PetroPerú, por la presunta comisión del delito de Contaminación del Ambiente.
¿Qué dijo la empresa?
A través de un comunicado, Petroperú señaló que el derrame fue detectado el sábado por la mañana y que las operaciones fueron suspendidas de inmediato como medida preventiva. Sin embargo, no ha precisado la cantidad exacta de hidrocarburo derramado.
Imágenes y videos compartidas por pescadores y vecinos muestran el impacto del derrame de hidrocarburos en las aguas y playas de la zona, con fauna marina cubierta de crudo y extensas áreas contaminadas.