El Poder Judicial evaluará este viernes la solicitud de la defensa del presentador de televisión Andrés Hurtado, quien enfrenta 18 meses de prisión preventiva por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos. El pedido incluye la modificación de la medida cautelar por arresto domiciliario o, en su defecto, el uso de un grillete electrónico con restricciones adicionales como el impedimento de salida del país.
La audiencia, programada para el 20 de diciembre a las 11:00 horas, será presidida por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Según un documento difundido por Perú21, Hurtado argumenta que no se ha acreditado de manera fehaciente la existencia de pruebas suficientes sobre los hechos que se le imputan, por lo que considera necesario adoptar una medida más flexible.
Elio Riera, su actual abogado, confirmó este lunes que un nuevo miembro se sumó al equipo de defensa de Hurtado, acusado de actuar como mediador en una millonaria coima presuntamente entregada por el empresario Javier Miu Lei a la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, también encarcelada. Se trata del letrado Russell Robles, quien trabajará junto con él para encontrar una solución alternativa a la prisión preventiva.
“Como cualquier cliente, el señor Andrés espera recuperar su libertad. No estamos hablando de su culpabilidad o inocencia. Más adelante, en el juicio, se determinará su responsabilidad penal. Lo que yo discuto es si debe seguir preso cuando tiene una hija menor de edad, arraigos familiares, y la fiscalía puede continuar investigando. Existen otras medidas menos gravosas”, expresó Riera en Canal N.
Por el momento, Hurtado no ha acogido la opción de la colaboración eficaz, pero mantiene la esperanza de que un “milagro de Navidad” le permitirá salir de prisión. Su defensa también ha presentado un habeas corpus, un recurso constitucional que busca declarar la nulidad de la medida cautelar que lo mantiene detenido desde el 2 de octubre. Sin embargo, este proceso podría demorar hasta seis meses si llega al Tribunal Constitucional.
Riera también destacó que, además de proporcionar información sobre la fiscal Peralta, su cliente ha entregado datos sobre la exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, y sobre María Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la suspendida Corte Superior de Justicia de Lima.
El abogado enfatizó que la colaboración eficaz requiere una corroboración sólida de la información, sin la cual los testimonios podrían no tener valor en el proceso judicial. “Le he dicho que tendría que reconocer que le dieron 500 mil dólares a él y a la doctora Peralta. ¿Cómo lo acreditas? La ley de colaboración eficaz requiere corroboración. Finalmente, si no se corrobora, eso puede considerarse obstrucción”, zanjó.