El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien se encuentra en el centro de la polémica por la diligencia conocida como “El Cofre”, defendió las acciones legales de su cliente en relación con el proceso de verificación realizado recientemente. En su intervención, destacó que esta diligencia debió haberse realizado después de que la mandataria declarara ante la Fiscalía, y no antes como ocurrió, según su versión.
La situación en torno a la diligencia se refiere a una serie de procedimientos en los cuales la Fiscalía, liderada por el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, ha sido objeto de críticas por no haber citado a la presidenta para que participe en el caso. . El abogado explicó que, pasados más de 75 días sin que la Fiscalía citara a Boluarte, se optó por realizar la constatación de manera independiente. Aseguró que esta decisión fue tomada debido a la falta de acción del Ministerio Público, lo que, según él, podía resultar en una situación “vergonzosa” para la institución.
En la misma línea, el abogado se mostró crítico con las recientes declaraciones del congresista del Congreso de la República, José Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización. El legislador había sugerido que podía haber existido una concertación entre el abogado y la presidenta, aludiendo a un cambio de versión en los testimonios relacionados con el caso. Ante esta acusación, el abogado subrayó que no había ninguna conspiración y que su interés único era cumplir con los procedimientos legales establecidos.
Uno de los puntos más controversiales en el desarrollo de este proceso es el tratamiento de la diligencia de constatación, la cual, según el abogado, no fue una reconstrucción de hechos, sino una actuación procesal prevista en el Código Profesional Penal. Explicó que la verificación realizada no fue una “reconstrucción” del hecho, como algunos han sostenido, sino una constatación técnica de los hechos ocurridos, que se realizó con la debida transparencia.
El abogado de Boluarte también criticó la forma en que se manejó la verificación, señalando que el Ministerio Público no había cumplido con un procedimiento claro. Explicó que, según la normativa, la diligencia debía realizarse de manera que se garantizara la participación de todos los involucrados, incluidos testigos y agentes de seguridad. Sin embargo, el abogado afirmó que la diligencia se truncó, ya que uno de los principales testigos, el conductor que trasladó a la presidenta, no fue incluido en la declaración.
“Se cercenó el acto de investigación”, dijo el abogado, haciendo referencia a que la persona encargada de regresar a la presidenta a su residencia no participó en la diligencia de constatación. Según su versión, esta omisión afecta la integridad del proceso, y se puede usar para crear un “show mediático” que desvirtúe los hechos reales.
Además, el abogado sostuvo que, en lugar de haber realizado la constatación de manera prematura, el Ministerio Público debía haber esperado hasta que todos los actores del caso pudieran participar de manera efectiva. Esto incluiría a la propia presidenta, quien podría haber estado presente en una segunda instancia, cuando el conductor que la regresó a su residencia pudiera también dar su testimonio. Sin embargo, la diligencia se adelantó sin que todos los involucrados pudieran declarar, lo que según el abogado generó un escenario que no aporta a la justicia.
El abogado también se refirió al manejo mediático del caso, apuntando que ciertos actores de la prensa habían alimentado una “fábula” alrededor de la investigación. En sus declaraciones, expresó que algunos medios habían creado una narrativa equivocada sobre los eventos, lo que complicó aún más la percepción pública sobre el proceso.
Por otro lado, durante la intervención del abogado, se mencionó la situación de la presidenta Dina Boluarte, quien aún enfrenta acusaciones en el marco de investigaciones por presunta corrupción, así como otros temas vinculados a su gestión. La diligencia en cuestión forma parte de un conjunto de procedimientos judiciales que buscan esclarecer si hubo alguna irregularidad en el manejo de recursos públicos, entre otros temas.
En la actualidad, la situación de Dina Boluarte sigue siendo tema de debate político y judicial, mientras se espera que las investigaciones continúen en el Congreso y el Ministerio Público. La presidenta ha negado en reiteradas ocasiones cualquier implicación en actos ilícitos, y su defensa insiste en que se trata de un proceso en el que no se han seguido los procedimientos legales establecidos.
El desarrollo de este caso sigue siendo observado con atención tanto por la opinión pública como por los actores políticos, que ven en los hechos una serie de tensiones entre los poderes del Estado, que podrían derivar en nuevas complicaciones para la gestión de la mandataria. La forma en que se resuelvan estas controversias podría tener repercusiones tanto en la política interna como en la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales del país.