Un tema recurrente emerge una y otra vez en el panorama político y social del Perú: la pena de muerte. Aunque para algunos es una solución definitiva ante la creciente inseguridad ciudadana, el debate sigue marcado por tensiones legales, éticas y prácticas. Las recientes declaraciones del Ministro de Justicia, Eduardo Arana, junto con opiniones expresadas en el Congreso, vuelven a poner este controvertido asunto en el centro de la discusión nacional.
Uno de los mayores obstáculos legales para implementar la pena de muerte en el Perú es el Pacto de San José, del cual el país es firmante. Según el abogado constitucionalista Omar Cairo, el tratado prohíbe ampliar los supuestos en los que esta pena puede aplicarse. Actualmente, la Constitución peruana solo permite su uso en casos de traición a la patria en tiempos de guerra y terrorismo.
Para que la pena máxima se aplique a otros delitos, como homicidios agravados o violaciones, sería necesario denunciar este tratado internacional. Este procedimiento no es inmediato ni sencillo. “El Congreso tendría que aprobar la denuncia del Pacto de San José y, tras ello, notificar un preaviso de un año para desvincular al país del tratado. Después, sería necesaria una reforma constitucional en dos legislaturas, además de la modificación del Código Penal”, explicó a RPP. Según el jurista, este proceso tardaría al menos cuatro años, descartando cualquier aplicación en el corto plazo.
Consecuencias de salir del sistema interamericano
El costo de abandonar el Pacto de San José no solo se limitaría al tiempo y los recursos necesarios para modificar el marco legal interno. Según Cairo, esta decisión tendría implicancias profundas para la ciudadanía y la posición internacional del Perú. La denuncia del tratado implicaría que los peruanos pierdan la posibilidad de recurrir al sistema interamericano de protección de derechos humanos cuando sus derechos fundamentales sean vulnerados.
El debate sobre la eficacia de la pena de muerte como herramienta para reducir la criminalidad no es exclusivo del Perú. El abogado constitucionalista citan casos como el de Singapur, donde bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew se implementaron medidas severas, incluyendo la pena de muerte, para delitos graves como el tráfico de drogas y el homicidio. Durante su mandato, los índices de criminalidad se redujeron drásticamente, pero no exclusivamente debido a esta sanción, sino a un enfoque integral que incluyó reformas policiales y legales contundentes.
En contraste, países como Canadá abolieron la pena de muerte en la década de los setenta y, décadas después, observaron una reducción en sus tasas de homicidios. Según datos de Amnistía Internacional, durante la primera década del siglo XXI, la tasa de asesinatos en el país fue menos de la mitad que la registrada en los años setenta. Este caso demuestra que el descenso en los índices de criminalidad puede depender de factores más amplios que la implementación de penas extremas.
En el Perú, la propuesta de implementar la pena de muerte parece estar más ligada al clamor ciudadano por mayor seguridad que a un análisis profundo de su viabilidad y eficacia. Las declaraciones del Ministro de Justicia y algunos congresistas reflejan un enfoque más reactivo que estratégico. Sin embargo, la complejidad legal y las implicancias éticas y sociales de esta medida exigen un debate serio y fundamentado, lejos de las urgencias políticas del momento.