Este martes 3 de diciembre, el Poder Judicial (PJ) dictó 18 meses de prisión preventiva contra la fiscal Elizabeth Peralta, quien ya había sido apartada de su cargo ante su posible participación en una red de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, mejor conocido como ‘Chibolín’.
Tras conocerse la decisión tomada por el juez supremo Gustavo Álvarez, el abogado de la fiscal suspendida, Benji Espinoza adelantó que su patrocinada sí acatará la orden, pese a no estar satisfecha con la orden judicial.
Sin embargo, pasadas un par de horas, Canal N confirmó que Elizabeth Peralta pasó a la clandestinidad. Según el citado medio, Espinoza fue quien reveló que su patrocinada decidió no entregarse a la justicia.
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Esto provocó que la Corte Suprema de Justicia emita un oficio con carácter de urgencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) para disponer la inmediata ubicación y captura de la suspendida fiscal.
Cargos en su contra
Peralta está vinculada a una presunta red de corrupción junto al empresario Javier Miu Lei y el presentador de televisión, actualmente encarcelado en el penal de Lurigancho. Se le acusa de ofrecer sus influencias para gestionar la devolución de oro incautado a Miu Lei, a cambio de un millón de dólares, así como de recibir 80.000 dólares para intervenir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competencia del empresario.
Un tercer incidente la involucra junto a Hurtado en el intento de obtener 100,000 dólares de la familia de Iván Siucho, actual testigo clave del caso, para frenar una investigación contra Quantico Servicios Integrados. Ante esta situación, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no alcanzar la suma total, la investigación continuó. La Fiscalía posee un comprobante de depósito a la empresa de Hurtado como prueba.
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A finales de noviembre, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas presentó argumentos para apelar la comparecencia de Peralta, destacando un allanamiento en el que se encontró un USB con un audio que sugeriría frenar las investigaciones contra la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, para favorecer a este último.
En esa operación también se hallaron pruebas comprometedoras, como un boleto de avión, anotaciones con números de cuentas bancarias y una maleta con varios artículos. Además, los escritos que contenían instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp generaron sospechas sobre posible manipulación de evidencias.
La Fiscalía indicó que Peralta se negó a entregar un celular, argumentando que lo tenía su hija, lo cual contradecía su declaración previa en la que aseguraba haberlo perdido. Sin embargo, la magistrada afirmó haber cooperado desde el inicio del proceso.
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