Suspendida temporalmente de su cargo, la fiscal especializada en lavado de activos, Elizabeth Peralta, pasará los próximos 18 meses en prisión por decisión del juez supremo Gustavo Álvarez, quien se unió al voto de otros tres magistrados a favor de anular la comparecencia con restricciones e imponer la medida cautelar.
De ser una figura destacada en el Ministerio Público, la magistrada pasará a ocupar una celda eventualmente en el establecimiento penitenciario de Chorrillos, un declive que ha capturado la atención pública debido a sus implicaciones en una trama de tráfico de influencias y sobornos junto al presentador de televisión Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho.
La colaboración entre ambos, según las investigaciones, supuestamente consistió en coordinar esfuerzos para obstruir procesos judiciales, lo que ahora los ha llevado a compartir el mismo destino tras las rejas. La fiscal está relacionada en esta presunta trama corrupta junto con el empresario Javier Miu Lei y el conductor televisivo.
Se le acusa de ofrecer influencias para devolver oro incautado a Miu Lei a cambio de un millón de dólares y de haber recibido 80,000 dólares para influir en una investigación por lavado de activos contra Paltarumi, competidora del empresario. Un tercer evento la implica con Hurtado en el pedido de 100,000 dólares a la familia de Iván Siucho, actual colaborador sincero del caso, para detener una investigación contra Quántico Servicios Integrados. Al conocer el caso, Siucho entregó 20,000 dólares, pero al no completar el monto, la investigación se inició.
De igual modo, señaló sentirse utilizada por Hurtado y explicó que su encuentro con los hermanos Siucho, investigados por lavado de activos, fue una coincidencia en la casa del presentador, lo cual consideró una emboscada. Desde entonces, los focos mediáticos apuntaron hacia ambos, y los destapes revelaron que Hurtado era el apoderado del antiguo capo del narcotráfico Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’, que tenía conexiones con los altos mandos de la Policía Nacional y que facilitó trámites de nacionalización a futbolistas por medio de la Superintendencia Nacional de Migraciones.
A fines de noviembre, la fiscal adjunta Alejandra Cárdenas, encargada del caso, presentó fundamentos de apelación para revocar la comparecencia contra Peralta y recordó un allanamiento en el que se encontró un USB con un audio que presuntamente sugería separar las investigaciones de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, para beneficiar a este último.
En esa diligencia también se hallaron elementos comprometedores, como un ticket aéreo, anotaciones con números de cuentas bancarias y una maleta con diversos artículos. Además, manuscritos con instrucciones para borrar el respaldo de su WhatsApp suscitaron sospechas de manipulación de pruebas.
Su abogado, Benji Espinoza, indicó que su patrocinada se entregará en las próximas horas y que está realizando las coordinaciones respectivas para ello. “Le he explicado el tenor de la resolución y ella ha manifestado, junto con el equipo de la defensa, la voluntad de ponerse a derecho. Aunque la decisión esté equivocada, estamos en desacuerdo porque esperábamos que se pudiera seguir la línea jurisprudencial de la propia Corte Suprema y el Tribunal Constitucional”, matizó en diálogo con RPP.