En un país marcado por su diversidad cultural y geográfica, las tensiones entre los derechos de los pueblos indígenas y el avance de intereses económicos o administrativos no son nuevas. La Amazonía, con su complejidad y riqueza, se presenta como un escenario donde conviven comunidades que, aunque invisibles para muchos, enfrentan un panorama de vulnerabilidad. En este contexto, el magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, expresó su escepticismo sobre la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento (PIACI), abriendo un debate que podría tener implicancias significativas para la protección de estas comunidades.
Durante su participación en la Primera Cumbre Indígena organizada por la Defensoría del Pueblo, el magistrado compartió sus observaciones realizadas tras un reciente viaje a la región del Napo, en Loreto. “Estuve hace poco en el Napo, pero, sin embargo, gran parte de las comunidades que he visitado me dicen que no existen los PIACI, no existen no contactados”, señaló. Además, indicó que existe un discurso que, según él, es sostenido tanto por organizaciones no gubernamentales como por el Estado, el cual contrasta con las versiones locales que recibió en su visita. En sus palabras, “llama la atención haber estado en Buena Vista, por ejemplo, en Santa Clotilde, y, sin embargo, las comunidades señalen lo contrario”.
La complejidad de los PIACI
Los PIACI son pueblos indígenas que se encuentran en situación de aislamiento o contacto inicial en las zonas más remotas de la selva peruana. De acuerdo con la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura, estas comunidades viven en un estado de extrema vulnerabilidad, enfrentando riesgos sanitarios, territoriales y socioculturales. Se dividen en dos categorías principales: los pueblos indígenas en aislamiento (PIA), que han decidido no relacionarse con el resto de la sociedad, y los pueblos indígenas en contacto inicial (PICI), que comienzan a establecer vínculos esporádicos con otras comunidades o grupos externos.
Las áreas donde habitan los PIACI incluyen cabeceras de ríos menores, reservas territoriales o indígenas, áreas naturales protegidas y comunidades nativas. Estas zonas abarcan más de 4.5 millones de hectáreas de bosques, lo que representa el 3,6 % del territorio peruano. Además, existen cinco solicitudes pendientes de creación de reservas indígenas en regiones como Loreto y Ucayali, sumando más de tres millones de hectáreas.
La vida de los PIACI está marcada por una interdependencia estrecha con el entorno natural. Sin embargo, su aislamiento los coloca en una situación de fragilidad extrema ante amenazas externas como las actividades ilegales. Su sistema inmunológico, por ejemplo, no está preparado para enfrentar enfermedades comunes, lo que los expone a brotes letales incluso con interacciones breves. Asimismo, su supervivencia depende directamente de los recursos del bosque como la tala o el narcotráfico, compromete su integridad.
Un caso destacado de esta vulnerabilidad ocurrió con el pueblo Nahua, que fue forzado a establecer contacto durante actividades de extracción maderera y petrolera en la Reserva Territorial Kugapakori Nahua Nanti y otros. En esa experiencia, casi la mitad de la población falleció debido a enfermedades transmitidas durante el contacto, según estudios de investigadores como Shepard y Barclay.
Protección y retos por cumplir
El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura y otros organismos, han reconocido la necesidad de proteger a los PIACI mediante la creación de reservas indígenas y territoriales. Estas áreas, declaradas intangibles, buscan garantizar la autonomía y seguridad de las comunidades. Sin embargo, los procesos para establecer dichas reservas suelen extenderse por años debido a trámites burocráticos, intereses privados y falta de presupuesto. La reciente creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental, que tomó casi dos décadas en concretarse, ilustra esta situación.
Por otro lado, las reservas ya existentes no están exentas de desafíos. Actividades ilegales, como la construcción de pistas clandestinas y caminos forestales, vulneran los límites establecidos, exponiendo a los PIACI a nuevos riesgos. En este contexto, diversas organizaciones exigen que el Estado destine mayores recursos para la protección de estos territorios y que agilice los procesos de creación de nuevas reservas.