Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, magistrado de la Corte Superior de Lima, participó en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, el Poder Judicial aclaró que las declaraciones realizadas por Ordóñez no representan una postura institucional.
En un comunicado difundido a través de la red social X, el Poder Judicial enfatizó que la participación del magistrado fue a título personal y no como representante de la institución. “El Poder Judicial precisa que dicha postura no constituye una opinión institucional”, escribieron.
En ese sentido, aclararon que el juez acudió ante la CIDH como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú, una organización que agrupa a jueces y magistrados del país. Su participación en foros internacionales busca contribuir al diálogo y al intercambio de experiencias en materia de derechos humanos y justicia.
Como se recuerda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo internacional que vela por la protección de los derechos humanos en el continente americano. La participación de representantes de diferentes entidades en sus audiencias es común, pero no siempre implica que las opiniones vertidas sean respaldadas por las instituciones a las que pertenecen.
¿Qué dijo Oswaldo Ordóñez ante la CIDH?
En una audiencia reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D.C., el juez peruano Oswaldo Ordóñez denunció la presión política y los ataques al Ministerio Público y al Poder Judicial. De acuerdo a Ordóñez, el Congreso de la República y el Ejecutivo han promulgado leyes que socavan la independencia judicial y favorecen la impunidad, poniendo en riesgo la seguridad pública.
Alertó que estas reformas legales limitan las capacidades de jueces y fiscales, especialmente en casos que involucran a congresistas. Durante su intervención, acusó a la mayoría parlamentaria y al Poder Ejecutivo de coordinarse para aprobar leyes que debilitan el sistema judicial y protegen a sectores implicados en corrupción y crimen organizado.
“En mi país, la mayoría parlamentaria, que controla el Congreso, en coordinación con la Presidencia, que representa al Ejecutivo, sistemáticamente viene desestabilizando el sistema de justicia y, a su vez, debilitando al Poder Judicial y a la Fiscalía”, aseguró.
“Lo hace presentando proyectos de ley y aprobando leyes que atentan contra la independencia de jueces y fiscales, así como contra la autonomía del Poder Judicial y de Fiscalía, maniatando a jueces y fiscales en su lucha contra el crimen organizado y dictando leyes a favor de congresistas y líderes políticos. Esta mayoría parlamentaria y el Poder Ejecutivo han promulgado leyes que recortan los plazos de prescripción, que recortan los plazos en los procesos de colaboración eficaz, que impiden la incautación de bienes usados en la minería ilegal, a todos los partidos políticos de toda responsabilidad penal, promueven impunidad para terroristas y exmilitares, obligan que los allanamientos se realicen con presencia del abogado del allanado y establecen una nueva tipificación del delito de crimen organizado”, acotó.
Además del recuento de las leyes que considera que representan un claro retroceso en la lucha contra la criminalidad en el país, denunció que las nuevas normas eximen de responsabilidad penal a los partidos políticos, promueven la impunidad para terroristas y exmilitares y dificultan el proceso de allanamientos al exigir la presencia del abogado del investigado.
Dicha intervención se dio en el marco de la audiencia 191 de la CIDH, que abordó la “Situación de la independencia judicial en las Américas” y fue solicitada por diversas organizaciones de la sociedad civil, incluyendo el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú. Esta audiencia ha sido calificada como un evento sin precedentes, pues por primera vez dos organizaciones internacionales de magistrados fueron invitadas a exponer en un foro de esta naturaleza.