Cinco días luego de ser convocado, y apenas unas horas antes de que se lleve a cabo, el Consejo de Estado en el que se iban a revisar con urgencia temas relacionados con seguridad ciudadana ya no se realizará. Esto fue confirmado por el ministro de Justicia, Eduardo Arana, a su salida del Congreso el 29 de octubre.
Arana sostuvo que la nueva fecha para el encuentro entre altos funcionarios del Estado es el 5 de noviembre a las 9 de la mañana, pues los miembros invitados a ser parte de esta reunión ya tenían actividades programadas para ese día.
Entre los miembros integrantes del Consejo de Estado se encuentran, además de la presidenta Dina Boluarte; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana; el titular del Poder Judicial, Javier Arévalo; el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; además del Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Contralor de la República, y el titular de la Junta Nacional de Justicia. El único que había confirmado públicamente su presencia fue el titular del Parlamento.
Esta reunión entre los más altos funcionarios del Estado tenía una alta relevancia porque su primer punto en agenda era la seguridad ciudadana, seguido por la lucha contra el crimen organizado, dos temas que afectan directamente a los ciudadanos a nivel nacional y motivo por el que actualmente se están produciendo manifestaciones y paros a nivel regional y local.
La agenda propuesta por Salhuana
Aunque los temas generales ya fueron establecidos por el ministro Adrianzén en un oficio enviado al congresista Salhuana el viernes 25 de octubre, el representante de Alianza Para el Progreso sugirió que se considere incluir en los temas a debatir una reforma a la constitución para permitir que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra la delincuencia.
Además, el parlamentario hizo eco del pedido del Ministro del Interior para que los policías que usen su arma de reglamento y abatan a delincuentes sean juzgados en un fuero especial.
El control de los establecimientos penitenciarios también es un tema que Salhuana desea incluir en la agenda del Consejo de Estado, con especial énfasis en el aislamiento de reclusos y en la prevención de delitos que se cometen desde el interior de los penales. Esto debido a que incluso dentro de las cárceles se han presentado casos de extorsiones por teléfono.
Tocar el presupuesto del Ministerio Público y el Poder Judicial para la creación de más unidades de flagrancia, una actividad que ya está desarrollando la gestión del titular del PJ, Javier Arévalo; es una de las acciones propuestas por el titular del Congreso.
Por su parte, el Ejecutivo ya propuso, por ejemplo, que la presidenta Dina Boluarte sea quien dirija de manera ‘indelegable’ la reforma del sistema de justicia pese a ser una investigada por el Ministerio Público, además de haber emitido un decreto para establecer mayor capacidad de control a migrantes -énfasis en ciudadanos venezolanos- que no se encuentren en el país de forma regular.
Además, no solo la jefa de Estado está investigada. Su hermano, Nicanor Boluarte, enfrenta un pedido de 36 meses de prisión preventiva por el caso “Waykis en la Sombra”. Mateo Castañeda, exabogado de la mandataria, también está incluido en la investigación.
Durante una conferencia de prensa, tras más de 100 días de silencio, Dina Boluarte negó tener investigaciones abiertas por corrupción. Ante las preguntas de la prensa, abordó las acusaciones en su contra relacionadas con corrupción y enriquecimiento ilícito, y criticó la gestión del Ministerio Público en estos casos, sugiriendo que ha actuado más como una “mesa de partes” de ciertos medios de comunicación.
Boluarte también se refirió a las críticas recibidas a través de los medios de comunicación, señalando que las constantes difamaciones y acusaciones pueden dañar la imagen pública de una persona.