La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) sostiene que la presidenta Dina Boluarte no está demostrando el liderazgo que se necesita para enfrentar el incremento de la inseguridad ciudadana.
Esta declaración se dio a través de su presidente, Jorge Zapata, quien brindó una conferencia de prensa junto a representantes de otros gremios.
“La prueba más contundente es que el ministro del Interior, cuando habla con nosotros o habla entre la prensa, dice que la Fiscalía no acompaña, que la Fiscalía tiende a hacer errores, que suelta a los delincuentes, que no hacen los atestados, las investigaciones, los documentos a tiempo”, precisó.
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“Si eso está ocurriendo, se soluciona de una sola forma, a través del liderazgo, el liderazgo para llamar a las dos partes, sentarlos en una mesa y decirle cuál es su problema, ¿necesitan más presupuesto? Vamos a buscar cómo extendemos más presupuesto y para eso también hay que convocar al Congreso de la República”, agregó.
Por otra parte, aseguró que para Capeco la salida del ministro del Interior, Juan José Santivañez no es una solución.
“Nosotros no creemos que las renuncias solucionen algo. Eso corresponde al presidente y al presidente del Consejo de Ministros evaluarlo. Lo que nosotros creemos es que la necesidad y el clamor de la ciudadanía por una mejor articulación y un mejor plan de trabajo contra la delincuencia, hace que se junten para articular un buen plan, para que se den normas que se necesiten, que se den normas que no sean aquellas que el otro poder del Estado dice que no las va a acatar. Eso no puede pasar”, señaló.
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“Para eso necesitamos un liderazgo, necesitamos, como ha dicho el señor Villanueva, un Consejo del Estado, donde se reúnen los tres poderes del Estado y tracen una ruta. Eso es lo que no estamos viendo, eso es lo que queremos llamar la atención, y queremos que se sensibilice el gobierno por este gran drama que está viviendo la nación”, añadió.
Protestas en otras regiones
Este miércoles 23 de octubre se llevó a cabo un paro de transportistas en Lima Metropolitana, además de una movilización de diversos sectores de la sociedad civil. Los ciudadanos rechazan el accionar del Congreso de la República y de la presidenta Dina Boluarte en cuanto al manejo de la inseguridad ciudadana.
En Perú, otras regiones como Junín, Iquitos, Cusco, Arequipa, Juliaca, La Libertad, Piura y Lambayeque también acataron esta medida de fuerza. Esta protesta busca presionar al Poder Ejecutivo para que implemente medidas efectivas contra el aumento de la criminalidad, que incluye extorsiones y sicariato.
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El paro, que involucra a gremios de transporte público y comerciantes, también tiene como objetivo exigir al Congreso el archivo de proyectos de ley relacionados con el terrorismo urbano y la derogación de la ley contra el crimen organizado. Los organizadores han advertido que, de no obtener respuestas satisfactorias del Parlamento y del Poder Ejecutivo, las manifestaciones continuarán.
En Ica, se ha convocado un paro agrario para visibilizar diversas problemáticas, según informó La Lupa. Los trabajadores del sector agroexportador han decidido unirse a esta protesta, que podría incluir bloqueos en la carretera Panamericana Sur.
Por otro lado, en Junín, se ha decretado un paro cívico en solidaridad con los promotores de la protesta nacional. Mientras tanto, en Iquitos, el gremio de choferes de colectivos ‘Terminal’ ha señalado que acatará el paro en una fecha próxima, tras reunirse con el gremio de vehículos interprovinciales para decidir su participación.
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Finalmente, en Cusco, los transportistas aún están evaluando su participación, según Estanislao Alegre, presidente de transportistas de servicio urbano. La situación en estas regiones refleja la creciente preocupación de los ciudadanos por la inseguridad y la violencia que afectan al país.