A fines de septiembre de este año, el Papa Francisco envió una carta a dos católicos peruanos que denunciaron ante el Ministerio Público al monseñor Jordi Bertomeu, uno de sus enviados especiales para investigar los casos de abusos sexuales en el Sodalicio de Vida Cristiana, el monseñor Jordi Bertomeu.
En la misiva se advierte que Giuliana Caccia y Sebastián Blanco debían cumplir con una serie de requisitos para no ser excomulgados por la Iglesia Católica.
De acuerdo con los descargos de ambos involucrados, esto iba a significar no poder presentarse públicamente como católicos o representar a la institución.
En una reciente entrevista para el portal Crux, uno de los testigos del caso, Martin Scheuch, expresó que “cualquiera entiende que amenazar con acudir a los tribunales civiles cuando el asunto pueda resolverse por la vía canónica, es un claro intento de obstruir la justicia eclesiástica”.
“También acusan a la Misión Especial de castigar injustamente. Esto también es falso. El arzobispo Scicluna y monseñor Bertomeu solo recogieron pruebas sin juzgar a nadie, para luego presentarlas a los acusados. Las decisiones finales sobre las expulsiones fueron tomadas por el Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica por mandato del Papa Francisco”, añadió.
Por otra parte, aclaró que el principal objetivo de esta misión fue recolectar testimonios y documentos de presuntos abusos en el Sodalicio, cuya veracidad tenía que ser comprobada, contrastando y recolectando las diferentes versiones que se habían vertido.
“Esto lleva al problema del derecho a la defensa. La afirmación de algunos de los acusados de que no pudieron defenderse es completamente falsa. Yo mismo sabía, porque lo pedí en ese momento, que mi testimonio personal sería presentado al acusado. Pudieron defenderse y presentar su defensa, lo que nos expuso mucho. A pesar de ello, y por la confianza que nos inspiraron Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu, aceptamos”, estableció.
¿Qué sucedió?
La misiva del Papa señala que Giuliana Caccia se presentó como víctima de dos exsodálites, los cuales son en realidad sobrevivientes de los casos de abuso. El documento también menciona que las víctimas han sido revictimizadas durante los últimos 24 años por personas como Caccia, quienes les han negado su condición de víctimas.
Además, se informa que Caccia y Blanco presentaron una denuncia ante el Ministerio Público por una supuesta violación del secreto profesional, no solo contra un miembro de la misión, sino también contra otros involucrados en la investigación. Esta acción ha sido calificada como “injusta y temeraria” en la carta del Papa.
En ese sentido, la Santa Sede sostiene que en un plazo de 48 horas debían realizar las siguientes acciones encomendadas por Bergoglio:
- La obligación de retirar la denuncia ante la Fiscalía
- La obligación de ofrecer, de manera inmediata, disculpas a la misión especial del Papa
- La obligación de ofrecer la verdad de los hechos a los medios de comunicación con los que hayan contactado
- La obligación de acreditar documentalmente ante el Nuncio Apostólico del Perú, en un término de 48 horas a partir de la notificación, el efectivo cumplimiento de estas disposiciones.
- Se prohíbe realizar en el futuro otra manifestación pública o denuncia sobre el objeto de la misión especial del Papa, en los medios de comunicación.
Días después, Caccia informó que el Papa había recibido un mensaje por parte de ella y Sebastián Blanco y que se encuentran en conversaciones con él.
Previamente, los dos habían publicado un video en Youtube donde trataban de exponer su postura respecto a este caso. Insistían en que hubo una falta al secreto profesional y que la denuncia no incluía a la cabeza de la Iglesia.