En un intento por modificar la legislación vigente sobre el crimen organizado, la bancada de Renovación Popular ha presentado una propuesta que busca permitir allanamientos sin la presencia de los investigados, según un documento del Proyecto de Ley N° 9114/2024-CR.
Esta iniciativa legislativa establece que, aunque los investigados no estén presentes, un abogado defensor de oficio deberá asistir desde el inicio de la diligencia, asegurando así el cumplimiento de las garantías legales
El proyecto también aborda el tema del secreto bancario, proponiendo que su levantamiento no exceda los quince días, aunque podría extenderse por un período igual al de las diligencias preliminares, siempre que exista un requerimiento fiscal previo. Esta medida busca agilizar los procesos de investigación en casos de crimen organizado, según el documento.
En cuanto a la incautación de bienes, la propuesta estipula que esta debe realizarse bajo requerimiento fiscal y tendrá una duración inicial de quince días, con la posibilidad de prórroga similar a la del levantamiento del secreto bancario.
Estas disposiciones buscan fortalecer las herramientas legales para combatir el crimen organizado, permitiendo una mayor flexibilidad en las investigaciones.
El documento del proyecto de ley también menciona que, en situaciones de estricta necesidad y urgencia, el fiscal provincial puede solicitar al juez penal medidas limitativas de derechos, como el embargo o la orden de inhibición para disponer o gravar bienes, así como el levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria.
Además, se contempla la posibilidad de realizar allanamientos en inmuebles o lugares cerrados fuera de los casos de flagrante delito, lo que podría ampliar el alcance de las investigaciones.
Estas propuestas han generado debate sobre el equilibrio entre la eficacia en la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los derechos fundamentales de los investigados. La presencia obligatoria de un abogado defensor de oficio busca mitigar las preocupaciones sobre posibles abusos en la aplicación de estas medidas.
Derogatoria de ley de crimen organizado
Eduardo Salhuana, presidente del Congreso, anunció esta semana su intención de proponer la revisión de la Ley de Crimen Organizado en la próxima sesión de la junta de portavoces. Según declaraciones a la prensa, esta normativa, que ha sido objeto de críticas por parte de especialistas, estaría dificultando el trabajo del Ministerio Público y de la Policía Nacional del Perú.
Salhuana espera que este tema, junto con la aprobación de una ley sobre terrorismo urbano, sea discutido en el pleno extraordinario programado para el próximo viernes, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la creciente inseguridad en el país.
La Ley N.º 32108, conocida como la Ley de Crimen Organizado, ha sido modificada recientemente por el Congreso, lo que ha generado obstáculos en las operaciones de las fuerzas del orden. Uno de los principales problemas señalados es el retraso en las diligencias de allanamiento, ya que ahora se requiere la presencia del abogado del investigado para iniciar los operativos.
Este cambio ha sido criticado por entorpecer la recolección de pruebas contra los delincuentes, un proceso que tradicionalmente se realizaba de manera sorpresiva para garantizar su eficacia.
Además, Salhuana ha destacado la necesidad de revisar los delitos que fueron excluidos tras la modificación de la ley, como el secuestro, el asalto y la extorsión, que son considerados amenazas a la seguridad pública.
En este contexto, Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), ha manifestado que su gremio solicitará al gobierno la derogación de esta normativa, argumentando que afecta la seguridad de los transportistas y de la ciudadanía en general.