Un nuevo informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) ha revelado nuevamente datos alarmantes respecto al aumento en la producción de coca en áreas específicas de la Amazonía peruana y su conexión con el asesinato de líderes indígenas.
Entre los casos más graves figuran las muertes de los defensores Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau en Aguaytía (Ucayali), entre 2020 y 2021, donde el cultivo de coca se incrementó más del 450% entre 2018 y 2022.
Asimismo, se suma el caso de la comunidad nativa Unipacuyacu, cuyos líderes José Reategui, Manuel Tapullima, Justo Gonzales Sangama y Arbildo Melendez fueron asesinados entre 2010 y 2020 en la ruta de Pichis-Palcazu-Pachitea (situada en Huánuco y partes de Pasco y Ucayali), que experimentó un aumento del 454% en la producción de coca.
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Y, más recientemente, en 2022, el homicidio de Jesús Berti Antaihua Quispe, Gemerson Pizango Narvaes y Nusat Parisada Benavides de la Cruz, asesinados cerca de la Reserva Comunal El Sira, una área protegida en Ucayali, donde la producción de coca se disparó en más del 500% en los años previos a sus muertes.
Minería ilegal: la competencia al narcotráfico
Por otro lado, en el mismo análisis, se destaca que la minería ilegal de oro es una de las principales causas de conflicto en la región sur de la Amazonía peruana, especialmente en la región de Madre de Dios. Desde 2015, tres defensores ambientales han sido asesinados en o cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Estos incluyen:
- Alfredo Vracko Neuenschwander (2015), quien fue asesinado cerca del área minera conocida como “La Pampa”, donde se había producido una deforestación masiva. Su muerte está relacionada con su defensa contra los invasores de minería ilegal.
- Roberto Carlos Pacheco Villanueva (2020), quien denunció la quema y deforestación ilegal de su concesión forestal. Fue asesinado tras recibir numerosas amenazas.
- Juan Julio Fernández Hanco (2022), quien trabajaba en la protección de su concesión en la carretera interoceánica. Su muerte también está vinculada a la invasión por parte de mineros ilegales.
De otra parte, la tala ilegal continúa siendo un grave problema en varias regiones de la Amazonía peruana. Según el informe, más del 20% de la madera extraída en Perú en 2021 provino de fuentes ilegales.
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En ese contexto, uno de los casos más graves en el marco del avance de esta economía ilegal en territorio indígena es el asesinato cometido en 2014 por madereros ilegales contra Edwin Chota Valera, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, todos miembros de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto.
Como se recuerda, recientemente, este hecho resultó en la condena de los responsables a casi 30 años de prisión en 2024, aunque la sentencia fue apelada.
¿Qué ha hecho el Estado?
El Estado ha implementado varias normativas para proteger a los defensores, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.
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Esta última herramienta legal viene siendo fuertemente criticada por varios líderes indígenas como ineficiente por falta de presupuesto, lo que impide que pueda activarse a tiempo, provocando que sigan enfrentando amenazas.
En la misma línea, el Congreso de la República ha propuesto dos leyes recientes para mejorar la protección de los defensores. Entre las iniciativas de ley están el Proyecto de Ley 4686/2022-CR, que busca reconocer y proteger a los defensores de derechos ambientales, y el Proyecto de Ley 2069/2021-PE, que se enfoca en proteger y asistir a líderes comunales e indígenas en riesgo. No obstante, estos proyectos no son debatidos con celeridad en el Parlamento.